Todo comenzó por denuncias a través de redes sociales, donde familiares de internos, acusaban que su pariente imputado, estaba siendo extorsionado por otro privado de libertad, pidiéndole plata a cambio de no ser agredidos en el penal Santiago 1.

Por ejemplo en uno de los casos, el 2 de abril, se presentó una ciudadana ante personal Guardia Armada, quien denunció a internos del módulo N° 88, los que estarían solicitando dinero vía Whatsapp, a cambio de no agredir a su hijo, el interno J. C. A. imputado por el delito de robo con violencia.

La mujer comunicó que no conoce la identidad de los internos denunciados y que familiares realizaron dos depósitos, uno de $25.000 y otro de $60.000.

Tras esto, personal de servicio concurrió hasta el módulo N° 88, desencerrando al interno presuntamente extorcionado., quien habitaba la celda N° 20, derivándolo hasta el Área de Salud Ambulatoria, donde se le diagnosticó “sin lesiones”, y a posterior del proceso administrativo, fue derivado al módulo N° 13, hasta un mejor resolver por parte de la Jefatura de Unidad.

Fuentes de Bio-Bio confirmaron que los imputados que extorsionaban eran extranjeros -entre venezolanos y colombianos-, también catalogados como primerizos y pedían a internos también primerizos, dinero para no agredirlos Asimismo, una fuente conocedora del tema, abordó la importancia de que las personas de otro país que tengan antecedentes, es una información que debe tener Chile

Tema que también coincidió en conversación exclusiva con La Radio, el exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, quien sostuvo que “cuando participan extranjeros como extorsionadores, es una complejidad mayor toda vez que gendarmería no dispone de los antecedentes de los países de origen Y es clave y determinante saber y conocer el pasado de esta persona”.

“En consecuencia al desconocerlo, los clasifican como primerizos. En circunstancia que pueden ser delincuentes con un historia criminal, que pueden abusar de personas que están siendo clasificadas como de bajo contagio criminógeno o escasos de riesgos de reincidencia”, añadió Alveal.

No solo eso, sino que también el ex número 1 de la institución, afirmó “que es necesario que se pueda intercambiar información entre países de la región, respecto a los privados de libertad cuando son extranjeros, porque el crimen organizado no reconoce fronteras.

De hecho, una defensora penal pública interpuso cautela de garantía a favor de internos, las que fueron acogidas en una oportunidad por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux, quien adoptó medidas urgentes de segregación para proteger a los internos de abusos.