Investigan a una organización delictual que vende y arrienda terrenos de uso públicos a familias vulnerables en un campamento de Maipú. El alcalde Tomás Vodanovic se querelló contra quienes resulten responsables por los delitos de estafa y asociación ilícita.
La Municipalidad de Maipú denunció la venta ilegal de terrenos de uso público por parte de una banda delictual. Los sujetos se aprovechan de personas vulnerables a quienes amenazan con armas si se atrasan en los pagos.
Se trata de cinco campamentos emplazados en la intersección de camino a Melipilla con Avenida Pajaritos, donde una presunta banda de colombianos realiza loteos irregulares, consignó Chilevisión.
Tras una denuncia anónima que llegó al municipio se inició una investigación. El alcalde Tomás Vodanovic relató que vecinos reportaban el crecimiento permanente de la toma y que “estaría asociado a la presencia de una banda que sencillamente demarcaba los terrenos para posteriormente venderlos a personas migrantes”.
De igual forma, extorsionan a las familias que no pueden pagar el arriendo.
Así lo evidenció una víctima, quien detalló que se vio obligado a comprar un terreno porque de lo contrario lo sacarían del lugar.
“Tuve que comprar porque tenía que comprar o si no me sacaban, porque eso es de ellos y ellos tienen una antigüedad y tuve que dar dinero (…) es gente peligrosa”, afirmó.
“Si no pagaba venían con cuchillos, con pistolas a las 1, 3 de la mañana”, agregó.
Según informó el mismo medio, los cobros van desde los 500 mil pesos a los $5 millones, dependiendo del tamaño de la construcción.
Entre las dificultades que tienen las autoridades para erradicar estos asentamientos es que están emplazados en terrenos públicos y cuesta más desalojarlos que cuando se trata de sitios privados.
Presentan querella y descartan desalojo
Ante eso, el alcalde presentó una querella contra quienes resulten responsables por los delitos de estafa y asociación ilícita.
De momento, descartó desalojar a las familias del lugar, pero afirmó que trabajarán para evitar su expansión.
“No tenemos la capacidad operativa para poder desalojar un campamento completo que hoy día ya es casi un barrio. Lo que sí podemos hacer, es no permitir que se siga ampliando, poder catastrarlo y trabajar con el Ministerio de Vivienda para una solución definitiva”, aclaró el jefe comunal.
Desde Serviu indicaron que algunas familias forman parte de un proyecto habitacional y otras cuentan con subsidios.
Por su parte, la Fiscalía confirmó que se encuentran sistematizando el catálogo de posibles delitos denuncias para luego definir qué policía se hará cargo de las diligencias.
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