Hoy será formalizado un empleado civil del Instituto de Investigaciones y Control de Ejército, como presunto involucrado en la sustracción de más de 50 armas de fuego desde el recinto militar de la comuna de Santiago.
El individuo fue identificado como Juan Osorio, de 70 años. Se trata de un suboficial en retiro de la institución castrense y será acusado por los delitos de tráfico ilícito de armas y robo en lugar no habitado.
Fue en horas de la madrugada de ayer que se produjo este inusual robo en dependencias de la entidad ubicada en avenida Pedro Montt.
De acuerdo a la primera información, la guardia de este recinto habría recibido un llamado supuestamente del director del instituto, solicitando que se le entregaran armas del banco de pruebas, a personas que minutos después llegaron en un automóvil.
En total, los delincuentes se llevaron 52 pistolas CZ 9 milímetros, que estaban a la espera de su certificación para ser trasladadas a diferentes armerías. Además, otras cuatro armas particulares fueron robadas, una de ellas sacada incluso de la caja fuerte del director.
Tras la entrega ordenada por el supuesto director, un integrante de la guardia llamó al superior para confirmar la orden, momento en que quedó al descubierto el engaño.
Luego de la presentación de la denuncia, Carabineros fue designado para indagar el caso, antecedentes que fueron expuestos por el mayor Gorka Verde, de la Segunda Comisaría Santiago Central.
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Presunto implicado
Mediante un comunicado, el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército señaló que en medio de las primeras indagatorias, un empleado civil que levantó sospecha fue detenido y prestó declaración ante la Fiscalía y el OS9 de Carabineros.
Según el organismo, dicho imputado habría facilitado la sustracción y entrega de las armas a una organización delictual, siendo ello detectado por personal de guardia.
El documento del Ejército argumentó que los antecedentes fueron denunciados a los tribunales de justicia, tanto en el Ministerio Público con el propósito que se determine las responsabilidades de personal civil en este grave ilícito y a la Fiscalía Militar a fin de establecer la posible participación de personal institucional.
La ministra de Defensa, Maya Fernández, catalogó como gravísimo lo sucedido asegurando que debe ser esclarecido a la brevedad.
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Gustavo Breuel, dueño de la armería Latco, llegó hasta el recinto militar para intentar confirmar si las armas robadas eran de su propiedad. Al no tener respuesta, el armero señaló sentirse extrañado de cómo pudo ocurrir este robo, considerando a su juicio que existen controles importantes tanto en la entrega y certificación de las armas.
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La investigación actualmente está a cargo de la fiscal Tania Sironvalle, jefa de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte. Ella determinó que el funcionario civil pase hoy a control de detención por la presunta autoría en los delitos de tráfico de armas y robo en lugar no habitado.
El Ejército, en tanto, abrió un sumario para esclarecer posibles responsabilidades administrativas.