El Tribunal acogió el proceso judicial presentado en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago contra la Municipalidad de Recoleta por hostigamientos reiterados entre 2015 y 2021, por parte de una funcionaria de la institución.

Según lo consignó La Tercera, el pasado 28 de agosto la afectada, Claudia Müller Medina, ingresó la denuncia donde acusó que “la conducta de hostigamientos comenzó a generarse desde del mes de marzo del año 2015 hasta hoy. En efecto, desde esa fecha debido a razones que desconozco, pero seguramente por pertenecer al grupo de antiguos funcionarios y arquitectos en los cuales siempre se desconfió, dado que no pertenecíamos al grupo político del alcalde, y a ningún grupo político, pero para toda la nueva administración, pertenecíamos al partido de derecha”.

En esa línea, también indicó que fue objeto de gritos e insultos por parte de la arquitecta de Edificación de la Dirección de Obras Municipales, Rosa Pino. “En una ocasión, la señora Pino señaló delante de todo el personal: ‘Cómo la habían llamado a ella a aclarar una situación de controversia, sin considerar que Claudia tenía serios problemas mentales’“, rememoró la afectada.

Ante esto, el municipio explicó al medio que “las denuncias de la funcionaria fueron atendidas por el alcalde de Recoleta (Daniel Jadue), quien instruyó un sumario administrativo, inmediatamente conocida la denuncia. Acción administrativa que se inició el 26 de julio de 2019, con el objetivo de investigar y adoptar todas las medidas pertinentes que estuviesen al alcance del municipio”.

Multa de $20 millones y actualización del protocolo

La fiscal a cargo del caso, Bárbara Sepúlveda Hales, concluyó que “esta fiscalía ha llegado a la convicción de que quien incurre en conductas que atentan contra la dignidad de la funcionaria“.

Por ello finalmente, y tras la recopilación de antecedentes, se acogió la demanda y se ordenó a la municipalidad a un pago de $20 millones de indemnización por el daño moral causado.

Y en segundo lugar, se le ordenó a Recoleta actualizar el “Protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria de la Municipalidad”, siendo despachado al tribunal en un plazo de 60 días.