El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en la Corporación Municipal de La Florida.
El recurso fue interpuesto ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago ante el déficit de un total de $20 mil millones. Según la querella, Contraloría realizó una auditoría de control financiero en la Corporación Municipal de La Florida (Comudef) desde enero de 2016 y fines de junio de 2017 por los recursos de aporte municipal y fondos externos del Ministerio de Educación y de Salud. En concreto, se evidenció que los aportes municipales no fueron ingresados a las cuentas corrientes creadas para ello, por lo que se determinó la “imposibilidad de detectar el destino de los fondos”, según lo consignó El Mercurio.
Estos fondos correspondían a $735.050.000 en aportes municipal y $2.223.994.792 en Fondos de Apoyo para la educación Pública. En conclusión, el CDE indicó que los ingresos no fueron utilizados para cubrir lo egresos entre el 2015 y el 2017, los que presentaron un déficit financiero.
Según el documento, “estos hechos claramente incongruentes dan cuenta de la sustracción o distracción de una gran cantidad de recursos, circunstancia que también aparece evidenciada en el peritaje particular presentado por la propia defensa del alcalde (Rodolfo) Carter, elaborado por auditores y consultores de la empresa ‘Deloitte’, documento que expresamente reconoce un faltante de a lo menos $8.356.960.286 (…) La Contraloría estableció un faltante de $20.026.931.838”.
Querella en 2018
La investigación fue iniciada en 2018 cuando los concejales de oposición: Claudio Arredondo, Nicolás Hurtado, Nicanor Herrera y Marcela Abedrapo de la Municipalidad de La Florida, acusaron al alcalde Rodolfo Carter por una presunta malversación de fondos, apropiación indebida y fraude al fisco.
El representante de la Corporación Municipal de La Florida, Jaime Winter, indicó que “sorprende que no haya considerado que existe un informe pericial que da cuenta de que la deuda de la Corporación no es de $20.000 millones como señaló la Contraloría, sino que es una suma de alrededor de 8.000 millones, que no corresponde al período auditado y que, para mayor claridad, se refiere a una deuda y no fondos faltantes”.
Además, dijo que “luego de un informe de la PDI en que solicitan más antecedentes, el Ministerio Público, a través de un peritaje interno, revisó hasta el último detalle de las cuentas de la Corporación Municipal —que colaboró en todo con la fiscalía—, descartando que los fondos se hayan desviado de cualquier manera y, por tanto, descartando que haya delito alguno”.
N. de la R: Una versión anterior de este artículo señalaba que la acción había sido interpuesta en contra de la municipalidad, sin embargo, luego fue corregida.