El 4° Juzgado de Garantía de Santiago dictó el sobreseimiento de dos querellas contra los exgerentes generales de la Clínica Las Condes acusados de una presunta administración desleal por haber recibido un exceso de pacientes covid-19 en el recinto.

Según lo consignó La Tercera, el caso inició en mayo de este año cuando CLC presentó una acción judicial contra Fredy Jacial acusado de haber provocado un gasto de $8.500 millones por no informar al directorio el valor aplicado a pacientes covid-19 Fonasa que llegarían al establecimiento.

El juez Rodrigo Carrasco afirmó que en el caso de Jacial: “el querellado actuó conforme a la normativa vigente a la época de sus decisiones y a las exigencias que se le impusieron por parte de la autoridad sanitaria a todos los recintos hospitalarios en el contexto del manejo del Covid-19, sin observar en su conducta que se haya desplegado alguna actividad en torno a perjudicar a Clínica Las Condes, como se le reprocha por parte del querellante”.

Esto se traduce a que la solicitud de sobreseimiento de una de las causas fue acogida porque: “el querellado en su calidad de gerente general dicen relación a su aceptación a los términos impuestos por el Estado dentro del manejo que se hizo y se sigue haciendo en el contexto de la pandemia de Covid-19”, según presenta el fallo.

De forma paralela, la magistrada Ximena Rivas realizó la misma acción con el caso de Jaime Hagel, y sostuvo que “por lo mismo, querellarse con posterioridad por la ejecución de una decisión que fue debidamente estudiada, que fue ponderada junto con otras y que no solamente desde una perspectiva empresarial, sino incluso a ojos de esta juez resultaba mucho más rápido de ejercer y por ende más rápido de generar esta solución al problema de la ratio de endeudamiento es que parece abusivo ejercer una querella criminal”.

De forma paralela el abogado del recinto privado, Marcelo Sanfeliú, dijo que en la instancia a Jacial se le imputó por haber aceptado pacientes en exceso. Sin embargo, lo que realmente se investiga tiene que ver con “omitido esa información sumamente relevante y material al directorio de CLC para que el directorio pudiera tomar decisiones como órgano de administración de acuerdo a la ley de sociedades anónimas. Ese es el núcleo de la imputación penal”, consignó e indicó que recurrirán a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la resolución.

Recordemos que hace algunos meses un escándalo envolvió a Alejandro Gil, quien es el presidente del directorio de CLC, acusado de obligar a funcionarios de salud del recinto para vacunarlo con una tercera dosis contra la COVID-19, antes de que esta fuera autorizada por el Ministerio de Salud.