Fue el 15 de enero de 2016 cuando -en la comuna de Talagante- se produjo un desprendimiento de 500 mil toneladas de residuos en el vertedero Santa Marta, lo que provocó una emergencia que se extendió por una semana.
Tras la situación, que produjo una densa nube de humo sobre Santiago y que obligó a la activación de un comité de emergencia para evaluar los alcances de la contaminación, el abogado Mauricio Paguéguy presentó una demanda contra la compañía ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago que culminó con una sentencia en mayo de 2018, donde se establecieron graves infracciones a las normativas, las que fueron confirmadas por la Corte Suprema.
Además, de acuerdo al Ministerio Público, en la indagación se detectaron descargas ilegales “al estero El Gato”.
Así, se llevó ante los tribunales a los que eran -en ese entonces- miembros del directorio de la empresa: Guillermo Ruiz; Giorgio Benucci; Andrés Ruiz-Tagle; Gustavo Silva; y Juan Eduardo Irarrázaval. Estos dos últimos, ya no ejercen la función.
Ayer se realizó la formalización contra los imputados por delitos de daño ambiental. Así lo explicó uno de los querellante, el abogado Mauricio Paguéguy.
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La abogada defensora del relleno Santa Marta, Bárbara Salinas, dijo no entender cómo el directorio podría tener responsabilidad en el hecho y criticó, según ella, la demora que ha tenido Fiscalía para entregar los antecedentes.
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El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Talagante la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra los actuales directores de la compañía, y otras menos gravosas a los retirados ejecutivos. Sin embargo, se determinó dejar sin cautelares a los formalizados.