Fabiola Campillai, quien perdió su visión por el accionar de Carabineros durante el estallido social de octubre de 2019, se reunió este viernes con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para pedir acciones de parte de la institución y colaborar efectivamente con la investigación de su caso.

La afectada acudió compañía de su abogada y el diputado socialista, Leonardo Soto, con el objetivo de hacer presente también la ausencia de sanciones administrativas contra todos los responsables en su caso.

“Lo que queremos es justicia, aquí no hay apoyo, no hay nada, lo único que esperamos es que ustedes, la gente, la prensa nos siga apoyando porque sin ustedes no vamos a poder tener justicia, y en estos momentos la vemos muy lejana”, afirmó Campillai tras la reunión.

Cabe recordar que Fabiola Campillai resultó con la pérdida total de su visión luego de ser impactada por una bomba lacrimógena en su rostro cuando se dirigía a su trabajo en San Bernardo en noviembre de 2019. Por el hecho se indaga al ex oficial de Carabineros, Patricio Maturana.

Además Campillai señaló que “hay cosas que a uno le dan mucha pena y el que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante no solo por nosotros sino por todas las personas que han sido dañadas por este Gobierno”.

“El principal culpable de todo esto es el Presidente, él es un asesino, es el que manda a su gente a disparar como su fuésemos delincuentes, él declaró una guerra que solo existe en su mente”, enfatizó la mujer.

Heridos oculares piden justicia en proceso constituyente

Diversas organizaciones de derechos humanos y víctimas de violencia policial exigieron este viernes, a dos días de que se constituya la asamblea que redactará la nueva Constitución de Chile, reparación para los manifestantes heridos en los ojos durante la crisis social que estalló en 2019.

Al grito de “¡Justicia y reparación urgente!”, decenas de personas se congregaron en la capital para denunciar el abandono del Gobierno a las más de 400 víctimas de trauma ocular que dejaron las manifestaciones y para pedir a los 155 constituyentes que consideren sus demandas.

“Exigimos que se nos atienda dignamente, que se cumplan los compromisos y que se haga justicia y paguen quienes nos arrebataron parte de nuestras vidas”, afirmó Natalia Aravena, portavoz de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y una de la víctimas.

Entre 2019 y 2020, Chile vivió la mayor crisis social en sus tres décadas de democracia, una ola de protestas por un modelo socioeconómico más justo que dejaron al menos una treintena de muertos y miles de heridos.

Si por algo son recordadas estas revueltas es por la “epidemia” de traumas oculares entre los manifestantes -460 víctimas de este tipo, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)-, una situación que llevó a varios organismos internacionales a acusar a las fuerzas de seguridad de violaciones a los derechos humanos.

Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir perdigones y bombas lacrimógenas en la cara dieron la vuelta al mundo y obligaron al Gobierno a lanzar un programa de reparación de traumas oculares.

Desde la organización, denunciaron que el Estado no se ha hecho cargo de este programa, que “faltan profesionales y que no están cualificados” para atender a las víctimas con secuelas psicológicas y alertan de una desatención generalizada.