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El dueño de una empresa e importador de mascarillas presentó su testimonio ante la Fiscalía Centro Norte como la víctima de una presunta estafaefectuada por el presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
En la instancia la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, recibió el relato en donde se aseguraba la existencia de una deuda de $956 millones en insumos utilizados por la pandemia de la COVID-19, según lo consignó La Tercera.
Se trata del empresario Álvaro Castro Robles (50), dueño de Best Quality Products SpA quien interpuso una querella en contra de Jadue tras venderle cajas de mascarillas N95, guates y termómetros a Achifarp, sin embargo hasta el día de hoy no recibe los pagos correspondientes.
En el documento entregado el pasado 20 de abril al Ministerio Público, afirmó que la asociación “tan solo ha pagado directamente la suma de $190 millones (a través de 40 transferencias bancarias), dejando un saldo restante de $956 millones”.
Tras la primera entrega del cargamento de productos avaluados en $120 millones, Castro declaró que “César Ramírez (funcionario de la Municipalidad de Recoleta) me indica que Daniel Jadue nos había solicitado no cobrarlo, ya que no habría fondos en ese momento y que solo operara como garantía”, por lo que este episodio fue la modificación de su operación de ahora en adelante.
Cabe destacar que entre los clientes de Best Quality Products SpA, se encuentran Prosegur, Inmobiliaria Almagro, Municipalidad de Buin y Lo Espejo, Terminal Pesquero Metropolitano, entre otros.
Por lo anterior, manifestó que “actualmente el único cliente de toda nuestra cartera que no cumplió con los pagos es Achifarp, quien (…) ha pagado directamente la suma de $190 millones, dejando un saldo restante de $956 millones”, esto en un tramo de 9 meses en un total de 40 transferencias bancarias.
Tras la primera acusación, y en conversación con BioBioChile, la Achifarp declaró que “efectivamente llegamos a solicitar insumos por poco más de $1.300 millones, de los cuales sí ha habido pagos, a diferencia de lo que indica falazmente la empresa. A la fecha, se le han pagado cerca de $456 millones, cifra que supera con creces los insumos vendidos”.
En tanto el abogado penalista del alcalde de la comuna, Daniel Jadue, consignó que “la querella no tiene ningún fundamento, se trata de una situación comercial respecto de un proveedor que ha querido lucrar en exceso con la pandemia”.
