La historia se remonta al 25 de junio de 2003, día en que José Alarcón Ulloa salió desde su casa rumbo a Rancagua para trabajar como temporero. Esa fue la última vez que su esposa e hija supieron de él.
Más tarde estamparían una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros de Chile y también, en medio de la incertidumbre por saber qué había pasado con su familiar, buscaron información en varias partes incluido el Servicio Médico Legal.
No fue hasta noviembre de 2010 cuando recién la hija del malogrado temporero recibió la confirmación por parte del SML que su padre había fallecido y que incluso se le había practicado una autopsia.
Notificación errónea
Desde entonces comenzó a desentrañarse qué es lo que realmente había pasado con el cuerpo del trabajador, cuya muerte se había constatado en el Hospital de Buin el 27 de junio de 2003 a consecuencia de un politraumatismo provocado durante un accidente ferroviario.
Según consta en documentos judiciales, ese mismo día el SML le practicó una autopsia al occiso y una semana más tarde lograrían dar con la identidad mediante la revisión de sus huellas dactilares.
Acreditada la identidad de la víctima, se le encargó a funcionarios de la Policía de Investigaciones notificar a la familia, sin embrago, éstos habrían comunicado la noticia en un domicilio donde ni siquiera habían conocido al muerto.
Cuerpo para la ciencia
Enterada de la muerte, la hija de don José exigió saber dónde estaban los restos de su padre. Desde el Servicio Médico Legal le informaron que los restos habían sido sepultados “en algún lugar” del Cementerio General.
Esposa e hija acudieron al recinto de Recoleta, encontrándose con la sorpresa de que no existía registro alguno de que Alarcón Ulloa estuviera enterrado allí.
Finalmente a través de una solicitud amparada en la Ley de Transparencia, la familia tuvo acceso a una carpeta que contenía la verdadera historia.
Resulta que tras la errónea notificación de la PDI, por lógica nadie reclamó el cuerpo. Así las cosas, el 19 de octubre de 2004 el SML decidió que los restos mortuorios fueran donados a la Universidad Católica del Maule para fines de docencia e investigación. Probablemente, un lugar donde el señor Alarcón jamás imaginó terminar.
En este escenario, con la finalidad de darle cristiana sepultura, la familia exigió que los restos fueran devueltos desde Talca a la región Metropolitana. También se pidió que la identidad fuera confirmada a través de un examen de ADN que nunca se realizó.
El cuerpo perdido, otra vez
En abril de 2011 el servicio se comprometió a gestionar el traslado del cadáver, asegurando que tan pronto como lo tuvieran en su poder las contactarían. La familia se preparó y con esfuerzo adquirió un espacio en el Cementerio de La Florida. Un mes más tarde los restos, supuestamente, ya estaban en poder del SML en Santiago.
Pero los meses y hasta los años pasaron y el llamado para retirar el cuerpo nunca llegó. Por esta razón la hija del trabajador de la fruta entró en depresión y su madre decidió postergar las gestiones ante el SML.
Tras comenzar a divulgar la situación a través de distintos medios, recién en noviembre de 2014 desde la entidad reconocieron a la familia que habían extraviado el cuerpo, por lo que mediante un sumario administrativo tratarían de resolver la situación. Se completaba la trilogía del error.
Un año más tarde, en noviembre de 2015, ambas mujeres fueron citadas a una reunión en Teatinos 240, donde estaba el Director Regional del SML y otros funcionarios, les comunicaron que el cuerpo había sido encontrado en una urna, donde supuestamente habían buscado con anterioridad.
La entrega del cuerpo recién se concretó el 25 de noviembre de 2015, exactamente 12 años y 4 meses después de que don José saliera por última vez a buscar el sustento para su casa. Ahora él descansa definitivamente en el Parque Cementerio Jardín Sacramental de San Bernardo.
La demanda
Por la vía civil, ambas mujeres decidieron demandar al fisco por daño moral y falta de servicio. Con todos los antecedentes a la vista, en febrero de 2019 el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago resolvió condenar al Estado al pago de $20 millones para cada una de ellas.
Dicha resolución judicial fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la situación quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago que esta semana dio a conocer su decisión.
Es así como en base a los antecedentes, la Tercera Sala del tribunal de alzada se pronunció y decidió confirmar la sentencia del tribunal civil, ordenando al fisco a materializar el pago en cuestión, que por lo demás, se aleja bastante de los $150 millones iniciales que exigía la familia en su demanda.