Una huelga de hambre líquida iniciaron esta semana nueve reclusos de diversos penales de la capital, varios de ellos condenados o imputados por delitos de carácter terrorista o por instalación de bombas en diversos puntos de la capital.
Lo que exigen, según un comunicado, es la derogación del artículo 9 y la reposición del artículo 1 del decreto ley N°321, que rige las libertades condicionales.
Según información de Gendarmería, quienes iniciaron la huelga están divididos en tres penales de la capital.
En la Cárcel de Alta Seguridad están Marcelo Villarroel, condenado por robo, asociación ilícito terrorista y homicidio calificado terrorista, tras la muerte del cabo Luis Moyano tras un asalto al banco Security en 2007. Junto a él fue condenado Juan Aliste, que apoya la huelga, pero no puede sumarse por motivos de salud.
También está Juan Flores, condenado por ser el autor del atentado explosivo que ocurrió en 2014 en el Subcentro del Metro Escuela Militar; y Francisco Solar, imputado de enviar paquetes bombas a la 54° Comisaría de Huechuraba y a la oficina de Rodrigo Hinzpeter en julio de 2019. También se le acusa de instalar artefacos explosivos en el edificio Tánica en febrero de 2020.
A ellos se suma Joaquín García, condenado por la colocación de bombas en la 12ª Comisaría de San Miguel y en la Escuela de Gendarmería.
Mientras, en la cárcel de Santiago Uno está José Ignacio Durán, imputado por los ataques a la Subcomisaría de Peñalolén; Tomás González, imputado por delitos contra la Ley de Control de Armas; Gonzalo Farías, acusado de lanzar una bomba molotov contra carabineros; y Pablo Bahamondes, acusado de la instalación de un artefacto explosivo en la Corporación de Asistencia Judicial de Melipilla.
Por último, en la Cárcel Femenina de San Miguel se sumó Mónica Caballero, imputada junto a Francisco Solar por la instalación de las bombas en el edificio Tánica. Recordar que ambos fueron absueltos en el primer Caso Bombas y luego emigraron a España, país que los expulsó tras hallarlos culpables de un atentado en una iglesia.
Libertad condicional
Mediante un comunicado, los huelguistas exigen cambios en el decreto antes mencionado para que la libertad condicional “vuelva a ser un derecho adquirido de la persona presa y no un beneficio como hoy lo estipula la ley”.
“Esta modificación endurece de forma considerable la posibilidad de acceder a la llamada libertad condicional extendiéndose en algunos casos por décadas – afectando a un gran número de personas presas que ven como su condena se hace perpetua”, agregaron.
También señalaron que “igualmente planteamos como urgencias inmediatas el fin a la prisión preventiva como herramienta punitiva contra quiénes se encuentran imputadxs por acciones en el contexto de revuelta permanente, negando la supuesta presunción de inocencia durante los plazos investigativos y de esta forma tratarlxs como culpables imponiéndoles prisiones preventivas extensas incluso hasta el momento de ser condenadxs o dar por cumplida la condena”.
Según información de La Radio, los huelguistas fueron llevados a las respectivas enfermerías de los penales para tomar sus signos vitales y peso, de manera de monitorear sus condiciones ante el inicio de la protesta.
“Detrás de una bomba no hay ideas políticas”
Sobre la huelga, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que “ya parece que es recurrente esto de que aquellas personas que quieren, por cualquier razón, ser impunes respecto de los delitos que han cometido, el denominarse presos políticos“.
“Vimos cómo una persona que está privada de libertad por haber asesinado a un senador en democracia, por haber secuestrado y torturado a una persona en Brasil, se quiso denominar preso político por las motivaciones que lo llevaron a cometer esos delitos. Mauricio Hernández Norambuena no es un preso político, es un preso común y está preso por asesinato”, agregó.
Galli continuó sus palabras e indicó que “aquí pasa algo similar, las personas que se declaran en huelga de hambre, cualquiera sea su motivación, están privadas porque están o acusadas, formalizadas o condenas, por colocación de artefactos explosivos. Mónica Caballero y Francisco Solar están presos acusados por colocar bombas. Detrás de una bomba no hay ideas políticas, detrás de un bomba hay la intención de causar daño, la intención de matar”.
“Por lo tanto, esas personas que están presas por colocación de artefactos explosivos, lo están por cometer los delitos más graves que puede uno cometer en nuestra sociedad y no por sus ideas políticas, cualquiera que estas sean”, cerró.