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La investigación se lleva bajo estricto secreto, pero aún se mantiene desformalizada. A 15 meses del gran incendio en Enel, los responsables aún no son puestos delante de la justicia.
Una de las postales más impactantes de aquel 18 de octubre de 2019, cuando comenzó el estallido social, tuvo lugar en avenida Santa Rosa con Padre Alonso de Ovalle, en pleno centro de la comuna de Santiago y específicamente en dependencias de Enel.
Ese día, a eso de las 21:22 horas, comenzó un enorme incendio en las escaleras de emergencia del inmueble y en una bodega, cuyas causas hasta hoy se mantienen en la nebulosa.
En redes sociales circularon diversas especulaciones respecto del origen de la emergencia, pero -hasta ahora- es poco lo que se sabe.
Precisamente, a 15 meses exactos de lo ocurrido esa noche, aún no se conocen sospechosos ni formalizados, ni mucho menos una verdad judicial del siniestro.
Fiscalía y el OS-9 de Carabineros -organismo a cargo de las pesquisas- han evitado pronunciarse al respecto y guardan silencio, mientras la querella de Enel presentada a pocos días de lo ocurrido, sigue en tramitación.
Justamente esa acción legal es el único antecedente que entrega luces de lo ocurrido esa noche, al apuntar que desconocidos -todavía no identificados por la justicia- ingresaron hasta el edificio corporativo con elementos para provocar un incendio.
Ello, junto a decenas de otros hechos violentos en la capital, más tarde llevaron al Presidente a decretar Estado de Emergencia y acompañarse de militares.
Las declaraciones
Santiago vivía su jornada más violenta del último tiempo, se contabilizaron decenas de estaciones de Metro vandalizadas y 20 afectadas por incendios. Misma suerte que varios buses del Transantiago, lo que desató el caos en la región Metropolitana y llevó al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, a advertir que invocarían la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los responsables.
Y es que el alza de $30 pesos en los pasajes del transporte público capitalino, recomendada por un panel de expertos, apenas fue la chispa que encendió una mecha que hasta ahora no se extingue del todo.
Casi a la misma hora en que el fuego comenzaba a arder en la bodega de faenas de Enel, a un costado de la torre, el presidente Sebastián Piñera era visto saliendo de una pizzería en Vitacura hasta donde fue para celebrar el cumpleaños de uno de sus nietos, luego de la reunión de emergencia que tuvo en La Moneda.
Tras el encuentro familiar y de la polémica que se generó en las redes sociales, el Mandatario regresó al Palacio de Gobierno para tomar medidas más drásticas. En concreto, se trató de un Estado de Excepción Constitucional que, en principio, rigió en buena parte de la RM, y que fue dado a conocer pasada la medianoche junto a un tardío anuncio que buscaba frenar la revuelta.
“En los próximos días convocaré a un diálogo transversal para hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para poder atenuar la situación de nuestros compatriotas que se han visto afectados con el alza del precio del Metro”, dijo esa noche el Jefe de Estado.
La bitácora
Un informe de novedades elaborado por una empresa externa de seguridad encargada de la videovigilancia del edificio de Enel da cuenta de los hechos ocurridos aquella caótica noche de viernes.
Dicha bitácora fue clave al momento de fundamentar la querella criminal que presentó 10 días después la firma en contra de quienes resultasen responsables del siniestro que destruyó por completo la escalera de emergencia ubicada al costado de la torre de 17 pisos, y provocó daños parciales en un par de oficinas y a la bodega de faena.
En la acción judicial interpuesta ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y patrocinada por el abogado Juan Domingo Acosta Sánchez, se detallan uno a uno los graves acontecimientos que provocaron pánico entre los más de 70 trabajadores que a esa hora se encontraban al interior del inmueble y que tuvieron que ser evacuados.
De acuerdo al líbelo, previo al incendio y en las cercanías del inmueble ya se visualizaban incidentes que lograron ser controlados por personal de Carabineros.
Momentos después la situación se descontroló. La primera señal fueron las barricadas en Santa Rosa con Marcoleta, las que fueron anotadas en el informe de novedades de la empresa y luego, a las 21:20 horas, se dio la alerta.
Por solicitud del supervisor del edificio, Giovanni Campodónico, se informó a la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros que algunos individuos estaban haciendo ingreso a las dependencias de la empresa. Del otro lado del teléfono el suboficial Llancamil comprometió el envío de policías.
Sin embargo, apenas 2 minutos más tarde la situación escaló en violencia y Campodónico fue informado por radio que los manifestantes estaban “ingresando con materiales encendidos que sacaron de las barricadas”.
Cuando el reloj mostraba las 21:34 y mientras el supervisor intentaba contener la arremetida, uno de los intrusos logró dejar un elemento encendido a los pies de la bodega de faena.
Tras intentar sin éxito apagar las llamas por sus propios medios, desde el edificio se contactaron con Bomberos de Quinta Normal para consultar si era posible hacer el enlace con la Central de Bomberos de Santiago, con el fin de que enviaran carros a combatir la emergencia.
En primera instancia desde la central capitalina se negaron a despachar los carros mientras el llamado no se realizara directo al 132. Desde el edificio marcaron el número pero nadie les contestó.
Finalmente se contactaron nuevamente con Quinta Normal lo que permitió la llegada de voluntarios 24 minutos después del inicio de las llamas, cuando éstas ya eran visibles desde varios puntos de la ciudad.
El 30 de noviembre el Gobierno se hizo parte de la causa presentando también una querella criminal por el delito de incendio en contra de quienes ingresaron esa noche al inmueble de Santa Rosa Nº 76 “con el fin de incendiar el edificio corporativo”.
En ambos líbelos se pedía a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruir diligencias y citar a testigos con la finalidad de dar con los responsables del delito, que según el Artículo 475 del Código Penal arriesgan penas que parten en presidio mayor en su grado medio y llegan a presidio perpetuo.
Esto último, pues de acuerdo a nuestra normativa provocar un incendio tiene ese castigo si se hace en contra de “edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitados o en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia”.
¿Los resultados? Aún desconocidos.
La causa
Más de 450 días -o 15 meses, dicho de otro modo- han pasado de lo acontecido en el edificio corporativo de Enel, cuyas imágenes traspasaron fronteras y se transformaron prácticamente en símbolo del caos que luego se replicaría a lo largo de todo el país.
Sin embargo, la investigación -que se lleva a cabo bajo estricto secreto por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte- aún está desformalizada y las pesquisas todavía no arrojan resultados positivos pese al tiempo transcurrido.
Según explicaron desde el Ministerio Público a BioBioChile, aún se encuentran analizando la información recopilada a lo largo de las indagatorias, para instruir nuevas diligencias, aunque declinaron ahondar en la naturaleza de éstas.
Consultados por una entrevista con el persecutor a cargo de la investigación, José Morales, desde la Fiscalía declinaron acceder a dicha petición.
Tal como se indicó, los peritajes y otras diligencias fueron instruidas al Departamento OS-9 de Carabineros, repartición de la policía uniformada encargada del combate contra el crimen organizado.
No obstante, al igual que Fiscalía, el organismo con asiento en Santiago declinó entregar detalles y se excusaron señalando que se trata de una investigación en desarrollo.
En la misma línea, desde Enel optaron por guardar silencio, argumentando que se trataba de una investigación en curso y que cualquier declaración podía entorpecer el trabajo de la justicia. Lo mismo hizo su abogado patrocinante, Juan Domingo Acosta Sánchez, quien por teléfono explicó que le era imposible hacer comentarios.
La falta de responsables en este caso, se suma a las otras investigaciones a lo largo de Chile por hechos de violencia, pese a las numerosas querellas, tanto en materia de DDHH como ataques a inmobiliario público o privado.
