La noche de este martes, tras conocer de la omisión del uso de una cámara personal y no oficial en el procedimiento en Pío Nono – donde un carabinero habría empujado al Mapocho a un adolescente – el Gobierno le ordenó a la policía uniformada entregar todos los antecedentes a la Fiscalía y colaborar en la investigación.
Lo anterior se conoció a través de un comunicado emanado desde el Ministerio del Interior acerca de “los lamentables hechos ocurridos el viernes 2 de octubre”.
“Conocidos estos nuevos antecedentes, el Gobierno reiteró a Carabineros su obligación de colaborar en la investigación y poner a disposición del Ministerio Público toda la información que disponga respecto de la materia, así como también la aplicación de las medidas que correspondan”, escribieron.
“Para el Gobierno resulta indispensable que todo el actuar policial se realice con transparencia frente a la ciudadanía y con estricto apego a los protocolos y a la ley”, añadieron.
Previo a la declaración del Gobierno, Carabineros confirmó que la defensa de Sebastián Zamora, el uniformado involucrado en este caso, le reveló a la Fiscalía Centro Norte que esa jornada portaba una cámara personal, no institucional.
La institución catalogó esto como una “grave falta administrativa”, por la cual decidió expulsar a Zamora, acusado de homicidio frustrado en contra de un adolescente de 16 años.
Tras su detención fue puesto a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el que lo envió a prisión preventiva al Centro de Detención Transitoria Pudahuel Norte.