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Carabineros entregó una actualización con respecto a los procesos administrativos que se instruyeron tras una serie de hechos denunciados durante el estallido social que inició el año pasado.
De acuerdo a los antecedentes de la institución policial, entre el 18 de octubre de 2019 y el 19 de marzo de este año, se iniciaron 1.228 procesos administrativos a nivel nacional, de los cuales 1.000 se encuentran terminados en su etapa administrativa y 228 en investigación.
Tras ellos, 173 carabineros se encuentran con algún tipo de sanción.
Con respecto a las lesiones que sufrió por Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019 en medio de una manifestación en cercanías de Plaza Italia, Diego Olate, general subdirector de Carabineros, indicó que “el fiscal determinó iniciar el proceso de baja de un funcionario debido a un gran incumplimiento de los protocolos detectados en la investigación interna”.
El estudiante universitario perdió la visión en sus dos ojos tras ser impactado por perdigones de carabineros.
De esta manera, agregó que “dicha infracción consistió en que las imágenes entregadas a la PDI en diciembre, fueron previamente descargadas por el funcionario en su computador de trabajo, sin dar debida cuenta de ello en la instancia correspondiente, como lo establece el protocolo”.
Olate dio a conocer que dichas imágenes se encuentran en poder de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía, pero señaló que “el no cumplimiento de esa instrucción es motivo suficiente para esta decisión” por su responsabilidad administrativa.
Caso de Fabiola Campillai
Sobre la investigación que llevan adelante por las lesiones sufridas por Fabiola Campillai mientras se dirigía a su trabajo en San Bernardo, Olate aseguró que “sigue en desarrollo”.
La mujer perdió la visión en sus dos ojos, el sentido del gusto y el olfato tras ser impactada por una bomba lacrimógena en su cabeza el pasado 26 de noviembre.
“Lamentablemente no se ha podido contar con la declaración de la víctima a pesar de ser solicitada a los organismos correspondientes”, añadió.
Estas investigaciones corresponden a procesos administrativos para determinar responsabilidades institucionales, los cuales son paralelos a las indagaciones penales que están a cargo del Ministerio Público.
Otras denuncias con sumarios
Olate también se refirió a la denuncia por abuso sexual de un estudiante de Medicina de Universidad Católica, la cual quedó desestimada debido a que explicó que un informe forense descartó el delito.
Sumado a esto, comentó que también se desestimó a raíz de “las inconsistencias detectadas en su relato”, añadiendo que es compatible con lo que resolvió la Corte de Apelaciones de San Miguel que descartó la existencia de dicho delito.
Con respecto a la denuncia realizada sobre que unos detenidos habrían sido “crucificados” al interior de una comisaría en Peñalolén, Olate indicó que “la investigación arrojó que los detenidos fueron inmovilizados de una de sus manos a una antena de comunicación dada la gran cantidad de detenidos que había en ese momento en la unidad”.
“Se descartó la veracidad de los hechos denunciados, no acreditándose la responsabilidad administrativa de ningún miembro de la institución”, añadió.
Finalmente, informó que se dieron de baja a ocho funcionarios por una golpiza contra un joven en Puente Alto que se registró a principios de este año, la cual quedó registrada en videos de cámaras de seguridad del lugar.
