El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió dejar sin efecto una determinación de oficio que había tomado el juez, Daniel Urrutia Laubreaux del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en relación a los imputados que fueron detenidos a comienzos de marzo por desórdenes públicos y presuntamente eran miembros de la “primera línea”.
En paralelo, el tribunal de alzada ordenó un sumario administrativo en contra del magistrado y lo suspendió de sus funciones mientras dure el proceso administrativo.
“Atendida la gravedad de los hechos que serán materia de la
investigación y a fin de evitar las consecuencias que éstos puedan generar, se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la aludida resolución y de cualesquiera otras de idéntica naturaleza que se hubiere pronunciado por el juez Urrutia Laubreaux”, indica un documento judicial emanado de la corte capitalina.
El juez está en el ojo del huracán luego que resolviera la liberación de 13 imputados en prisión preventiva por desórdenes públicos.
De esta forma, Urrutia había ‘sacado’ de la cárcel a los 13 imputados que fueron detenidos tras la apelación del Gobierno y la Fiscalía Centro Norte.
En primera instancia, el tribunal de garantía determinó firma bimensual para los 28 imputados detenidos en la intersección de Ramón Corvalán con Carabineros de Chile el pasado 3 de marzo.
Sin embargo, la apelación del Ejecutivo logró que fueran enviados de vuelta a prisión preventiva, lo que se mantendrá por ahora.
En total fueron 44 los formalizados que presuntamente integraban la “primera línea” de los cuáles 28 son mayores de edad y sólo 13 de estos últimos están con prisión preventiva, pues los otros 15 adultos están prófugos de la justicia.
Mientras, los menores de edad (16 en total) están bajo vigilancia del SENAME, no recluidos en algún recinto.
Luego de conocerse la resolución de la corte, el senador Alejandro Navarro salió en defensa del juez Urrutia, asegurando que actuó ajustado a derecho.
“La Corte de Apelaciones lo que hace es ponerse en una condición de comisión especial y una comisión especial es inconstitucional… la Corte debe escuchar y no lo hizo“, remarcó el parlamentario, enfatizando en el que juez Urrutia ha cumplido fielmente el mandato que la ley le da.
Junto con ello, el senador Navarro aseguró que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando que esa instancia deje sin efecto la suspensión de la que fue objeto el magistrado.