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A partir de las 10:00 horas de este jueves se realizará la votación de la cuestión previa en la Sala de la Cámara de Diputados, en el contexto de la acusación constitucional que presentó la oposición en contra del intendente Metropolitano, Felipe Guevara.
Esta instancia se llevará a cabo luego de que la defensa de Guevara -encabezada por los abogados Rodrigo Ávila y Cristián Muga- apelara a la llamada cuestión previa ante la comisión investigadora que lleva el caso. Según los abogados, la acusación constitucional no reúne los antecedentes suficientes.
Esto último debido a que aseguran que no se cumplen los requisitos de constitucionalidad, que la acusación se funda en hechos que no son imputables de manera directa y personal contra Guevara y también que se trata de una incorrecta y antojadiza interpretación de la Constitución.
La presentación de una cuestión previa en el marco de una acusación constitucional busca que se discuta “si la acusación cumple o no con los requisitos que la Constitución Política señala para su presentación”, según se consigna en la página de la Cámara de Diputados.
Una vez presentada, los diputados deben resolver -por mayoría de los presentes- si la acogen o no tras escuchar a los miembros de la comisión revisadora. “Si la Cámara acogiere la cuestión previa, la acusación se tendrá por no interpuesta. Si la desechare, no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación y nadie podrá insistir en ella”, se especifica el artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Presentación de acusación constitucional
Felipe Guevara asumió la Intendencia el pasado 30 de octubre, luego de que su sucesora Karla Rubilar fuera nombrada como vocera de Gobierno tras el cambio de gabinete. Antes de este cargo, se desempeñaba como alcalde de Lo Barnechea desde 2008.
La acusación constitucional en contra del intendente Metropolitano se presentó el 2 de enero por diputados desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, y en ella se le acusa el haber infringido el derecho de expresión y reunión contemplados en la Constitución Política de la República.
Esto, tras haber realizado -especialmente los viernes desde el 20 de diciembre– copamientos de Carabineros en el sector de Plaza Italia para evitar las manifestaciones no autorizadas, en el contexto del estallido social. Esta estrategia se habría basado en la advertencia de que tendrían “tolerancia 0” con las manifestaciones no autorizadas.
La determinación por el copamiento de Plaza Baquedano ha sido ampliamente criticada, sobre todo luego que ese mismo día un hombre fuera atropellado por un carabinero que conducía un carro policial, el que lo empujó hacia otro móvil de la institución.
Tras la presentación del libelo en la sesión del jueves 2 de enero, se sorteó los integrantes que formarían parte de la comisión para revisar su procedencia. De esta manera, la conformación quedó cuatro a uno a favor de la oposición, ya que quedó compuesta por los parlamentarios Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz de la Democracia Cristiana; Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social; Diego Ibáñez de Convergencia Social; y José Miguel Castro de Renovación Nacional.
La comisión se constituyó el lunes 6 de enero y la diputada Sepúlveda fue elegida como la presidenta de la instancia que tenía como misión analizar la acusación.
Al día siguiente comenzaron las exposiciones en la comisión con el jefe regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fernando Martínez. Si bien en la instancia dijo que no le compete referirse específicamente a la figura del intendente, sí sostuvo que el marco jurídico que se está aplicando para regular el derecho a reunión está obsoleto y se debe modificar.
Los días posteriores asistieron una serie de autoridades, abogados constitucionales y vecinos del sector donde se producen las manifestaciones. De esta manera, concurrieron por ejemplo el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio; el general director de Carabineros, Mario Rozas; el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri; la defensa del intendente; entre otros.
Estas exposiciones finalizaron la jornada del miércoles con la presencia del intendente Guevara. En dicha instancia, la máxima autoridad regional se disculpó por haber hablado de “tolerancia 0” con las manifestaciones no autorizadas y descartó un cambio de estrategia con respecto a Carabineros desde su llegada a la Intendencia.
Argumentos de la defensa
A través de un documento de 121 páginas presentado el jueves 16 de enero, la defensa de Guevara entregó sus descargos relacionados a la cuestión previa y a la acusación constitucional.
Con respecto a la cuestión previa de admisibilidad, la defensa del intendente aseguró que la acusación “es inadmisible por no cumplirse los requisitos constitucionales”. De esta manera, argumentaron que se funda en hechos que no son “imputables directa y personalmente a la autoridad acusada”.
Guevara ha insistido que la estrategia de copamiento es una atribución de Carabineros que no le compete a él como intendente. “Queda claro que la decisión de ejercer la estrategia de ‘copamiento’ no corresponde a este intendente Metropolitano, por cuanto carezco de las capacidades legales, técnicas y operativas para definir estrategias policiales, y por lo tanto no se me puede imputar la supuesta infracción de la Constitución que aducen los acusadores”, se mencionó en el documento.
Además, aseguraron que la acusación se basa en una “incorrecta y antojadiza interpretación de la Constitución” y que se constituye en “afirmaciones cuantiosas y esenciales inconsistencias y contradicciones, lo que deja de manifiesto que los acusadores hacen uso de este mecanismo de forma liviana, sin consideración a las gravísimas consecuencias que tiene para la institucionalidad de nuestro país”.
Sin embargo, en caso que la cuestión previa no sea acogida, la defensa del intendente contestó la acusación constitucional en el fondo, solicitando que sea rechazada en todas sus partes.
Dentro de los argumentos mencionaron que la acusación “vulnera el debido proceso” debido a que “las imputaciones genéricas e imprecisas que se me efectúan, junto con la remisión a hechos no acreditados y que actualmente están siendo investigados por los órganos competentes, vulnera gravemente el derecho a defensa de esta parte”.
Además acusaron que no se logran formular imputaciones que se basen en acciones materializadas en actos del intendente, no distingue las facultades de dicha autoridad con la de las Fuerzas de Orden y Seguridad y tampoco entrega antecedentes que permitan tener por acreditados los hechos en los que se funda el Capítulo Uno que contiene.
“Para sostener los hechos que motivan la acusación, los acusadores se limitan a enunciar hechos que se encuentran actualmente siendo investigados, o cuyos antecedentes resultan completamente insuficientes para tenerlos por acreditados”, señalaron.
La comisión revisora debió redactar un informe -el cual fue aprobado por los integrantes de dicha instancia con tres votos a favor, uno en contra y una abstención- con recomendaciones que la Cámara de Diputados podrá considerar para votar la cuestión previa de este jueves.
La diputada Alejandra Sepúlveda fue designada como la encargada de presentar el informe a la sala, de ser pertinente.
En caso de ser rechazada la cuestión previa se pasará al proceso de acusación constitucional. Si esta instancia es acogida por la mayoría de los diputados presentes, el trámite pasa al Senado.
Posteriormente, si la mayoría de los senadores presentes en dicha instancia aprueba la acusación, Guevara quedará fuera de su cargo como intendente y tendrá la prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años.
