Por segunda vez se suspendió la audiencia de formalización en contra de 12 funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros que son acusados del delito de tortura.

Los hechos que se les imputan ocurrieron en medio de manifestaciones por el estallido social el pasado 21 de octubre en el sector de Plaza Ñuñoa. De acuerdo a los antecedentes y un video que fue grabado y transmitido en vivo por la televisión, los uniformados golpearon a Moisés Órdenes.

En las imágenes se ve cómo los funcionarios golpean al joven con sus bastones. Incluso, uno de ellos le dio una patada que lo hizo caer al suelo. De acuerdo a la Fiscalía, la agresión le hizo perder un ojo y resultar con trauma torácico cerrado izquierdo contuso, fracturas costales múltiples, fractura dental incisivo central izquierdo, luxación anterior del hombro izquierda reducida y fractura nasal izquierda.

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El reinicio de esta formalización se registró la mañana de este lunes en el Octavo Juzgado de Garantía. El Ministerio Público y querellantes solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva, según lo explicó el persecutor de la Fiscalía local de Ñuñoa, Álvaro Pérez.

Sin embargo, por decisión del tribunal se suspendió.

Esta es la segunda vez que se suspende la formalización, ya que el pasado 13 de diciembre se determinó reagendar la audiencia por petición de la defensa de los uniformados que buscaba tener acceso a todos los antecedentes de la investigación.

De esta manera, la audiencia de formalización se reagendó para las 9:00 horas del próximo jueves 26 de diciembre. Durante esa jornada, las defensas terminarán de argumentar sus puntos y se podrá decretar alguna medida cautelar para los acusados.

Tribunal Constitucional

Sin embargo, la defensa anunció que realizaron dos requerimientos al Tribunal Constitucional para suspender la causa y que se declare inconstitucional artículo que se les imputa que es el delito común de tortura y no el ilícito de torturas como delito de lesa humanidad que permitiría optar a penas sustitutivas.

Uno de los abogados de los carabineros, Nicolás Oxman, explicó la solicitud al órgano jurisdiccional, y que además, el otro requerimiento es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pierda la calidad de querellante, porque dicen que lesiona el principio de exclusividad del ente persecutor.

El Tribunal Constitucional, acogió a trámite el requerimiento de carabineros imputados, pero rechazó suspender el proceso.