El fisco del Estado de Chile deberá pagar una indemnización de $63 millones a un arquitecto de 58 años que perdió su ojo derecho en medio de una manifestación estudiantil realizada en abril de 2013 en Santiago.

Según informó el Poder Judicial, la lesión fue provocada por un balín de pintura (paintball) disparado por integrantes de Fuerzas Especiales de Carabineros.

La jueza Jacqueline Benquis, del Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, determinó que los efectivos actuaron de forma negligente para disolver la manifestación en el sector de la Estación Mapocho.

Enrique Eichin, de 58 años, estaba junto a su pareja e hija cerca de un escenario ubicado en el frontis de dicho recinto, momento en que un piquete de Fuerzas Especiales disparó balines con pistolas de paintball en contra de los manifestantes.

Durante el juicio se recibieron testimonios de al menos tres personas que estaban en el lugar, quienes aseguraron que los disparos se realizaron a personas que se estaban manifestando de forma pacífica.

“Lo señalado no se condice con la actividad de resguardo que pesa sobre el órgano central, como responsable último de la administración de las fuerzas de que dispone para regular la convivencia social y el cuidado de las personas que aún en potencia puedan verse expuestas a esa regulación, actuando de forma desmedida en el uso de los recursos policiales y de armamento al momento de los hechos, por lo que Carabineros de Chile, y en especial el funcionario, en pleno ejercicio de sus funciones y aun bajo protocolo respectivo hizo uso de su arma de paintball y disparo en contra del Señor Enrique Einchin, impactando dicho proyectil en su ojo derecho”, se lee en el fallo.

En dicho documento se agregó que “el Estado causó un daño interviniendo un funcionario de Carabineros de Chile, y debe responder por falta de servicio por aplicación del artículo 2314 del Código Civil, concurriendo las exigencias del daño y de causalidad. Que así las cosas, es dable tener por cumplido un actuar por parte de Carabineros de Chile, de tipo deficiente al haber utilizado medios de disuasión y repelencia de violencia en contra de una persona que se encontraba de asistente sin que haya demostrado este un actuar contrario al orden público y seguridad de las personas participantes”.

Los $63 millones de indemnización se dividen en $50 millones por daño moral, $10 millones por lucro cesante y $3 millones por daño emergente.