El juez Daniel Urrutia, del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, declaró inadmisible la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado presentada por el Gobierno, a través de la Intendencia Metropolitana, en contra de Dauno Tótoro Navarro, excandidato a diputado por el distrito 10 (Santiago, Providencia y Ñuñoa) en las elecciones parlamentarias de 2017.

Según se declaró en el recurso, éste se presentó debido a la publicación de un video realizado por el medio de comunicación La Izquierda Diario, perteneciente al Partido de Trabajadores Revolucionarios del cual Tótoro es dirigente.

A juicio de la Intendencia, en dicho registro el querellado hizo un llamado a derrocar al Gobierno mediante una huelga indefinida.

“Quería proponer que tenemos que tomar con fuerza, en esta coordinación, en esta asamblea, plantear la necesidad de luchar por una huelga general indefinida. Para que se vaya Piñera, para sacar a los militares de las calles, para sacar a las policías de las calles, para echar abajo a este gobierno de criminales, de torturadores y de represores (…) Este es el momento de echar abajo al gobierno, porque si no es ahora, entonces cuándo”, dijo Tótoro.

Más adelante, dijo que “queremos la caída de Piñera porque es responsable, es sostenedor de la herencia de la dictadura militar y también tiene las manos manchadas con sangre como hemos visto. Pero no queremos que salga Piñera para llegue luego, detrás de él, otro dinosaurio por ejemplo como Jaime Quintana, presidente de la cámara del Senado y militante del PPD. Queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno y sobre sus cenizas, como bien han dicho muchos compañeros y compañeras, levantar una asamblea constituyente libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado por sobre ella”.

Ve el video:

Redes sociales

La querella también incluye un posteo en Facebook realizado por Tótoro, donde indicaba que “tenemos la fuerza para hacer caer a este gobierno de criminales y asesinos”.

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El recurso judicial fue firmado por los cuatro abogados elegidos por el Gobierno para perseguir a quienes hicieron llamados para vulnerar el orden público: Jorge Boffil, Gabriel Zaliasnik, Marcelo Sanfeliú y Samuel Donoso. Éste último cercano al PPD y que defenderá al presidente Piñera de la querella presentada en su contra.

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En él, se justificaba que los hechos protagonizados por Tótoro son constitutivos de delito ya que, según el artículo 4º de la Ley sobre Seguridad del Estado, “cometen delito contra la seguridad interior del Estado los que en cualquier forma o por cualquier medio, se alzaren contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra civil y especialmente los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido”.

Así, la Intendencia Metropolitana buscaba que el Ministerio Público investigara al dirigente por subversión tras infringir la Ley sobre Seguridad del Estado, además de que las policías identificaran a todos los asistentes a la asamblea para tomarles declaración sobre el tenor de los dichos del querellado.

Asimismo, se buscaba identificar las cuentas de correo de Tótoro y sus redes sociales para hallar información relevante para la investigación, junto con recopilar los números de teléfono que pueda tener.

Portazo

Los antecedentes entregados por el Gobierno, a través de la Intendencia Metropolitana, no fueron suficientes para el juez Daniel Urrutia, quien declaró inadmisible de la querella ya que los hechos descritos se enmarcan dentro de la libertad de expresión.

“Que atento a lo dispuesto en el artículo 114 letra c del Código Procesal Penal, y desprendiéndose de los hechos que estos se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de Derechos humanos ratificados por Chile, no constituye delito lo relatado, por lo tanto se declara inadmisible el presente libelo”, dice la resolución firmada ayer 18 de noviembre.

A través de Twitter, y tras conocer la decisión, Tótoro dijo que la Intendencia tiene cinco días para apelar y llamó a ” una campaña democrática contra la represión y la criminalización y por la derogación de la autoritaria Ley de Seguridad Interior del Estado”.