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A fines de abril fue cuando se conoció que la Fiscalía Metropolitana Sur, por entonces dirigida por el exfiscal Raúl Guzmán, había presentado un plan multisectorial para enfrentar la violencia en funerales.
Dentro de las instituciones involucradas en ese programa estaba la Subsecretaría de Prevención del Delito, las policías y el Ministerio Público, entre otras.
La firma del plan se esperaba para ayer, pero “faltan cosas por definirse”, sostuvieron fuentes conocedoras del proceso. Entre tanto, anoche se registró un nuevo velorio con balazos y fuegos artificales en Conchalí, por la muerte de un joven por un presunto ajuste de cuentas.
Fracasó el Estado, acusaron distintos alcaldes de la Región Metropolitana. Es el caso del jefe comunal de La Granja y expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delín, quien aseguró que en los funerales de delincuentes, el Estado de Derecho desaparece.
El plan en el que trabajan las autoridades consiste en establecer siete etapas para frenar la violencia en en los velorios. Por ejemplo, detectar la muerte de alguna persona vinculada a bandas criminales, sus cercanos, lugar dónde se realizaría su funeral, entre otras.
También identificar si en el cortejo fúnebre hay vehículos que hayan estado involucrados en hechos delictuales y que Carabineros resguarde el trayecto de la caravana.
Convenio que recién se firmaría la próxima semana, como aseguró la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien dijo que Carabineros debe actuar ante estos hechos de violencia.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, comuna en la que también se han registrado este tipo de hechos, coincidió con su par de La Granja y aseguró que es preocupante que se incumplan los acuerdos entre las instituciones a la hora de enfrentar este tipo de funerales.
Al momento del sepelio, por ejemplo, lo que se propone en este programa es que Carabineros realice registros audiovisuales ante la flagrancia de los delitos.
