El ministro instructor de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, condenó a seis oficiales retirados del Ejército, por su responsabilidad en el homicidio del ciudadano español y funcionario de la Cepal, Carmelo Soria Espinoza, en julio de 1976.

Cisternas sentenció a los exagentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Jaime Lepe Orellana y Juan Morales Salgado a penas de seis años de presidio, en calidad de coautores del crimen.

El portal web del Poder Judicial señala que el 14 de julio de 1976, Carmelo Soria Espinoza, ciudadano español que también tenía la nacionalidad chilena y que se desempeñaba como jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), perteneciente a la Cepal, fue detenido por un grupo de funcionarios de la DINA.

El hombre fue trasladado en su propio vehículo a un inmueble calle Vía Naranja, en la comuna de Lo Curro.

Tras llegar al recinto Soria fue interrogado y sufrió violentos apremios físicos, los que terminaron con la muerte del funcionario de la Celade.

El fallo del juicio indica que “buscando la impunidad del delito, simularon un desbarrancamiento del referido automóvil, causando a la víctimas además y previamente un forzado estado de ebriedad.

El portal de noticias Agence France-Presse, indica que Soria era “militante del Partido Comunista español, se exilió en Chile en 1971 y tras instaurarse la dictadura, el 11 de septiembre de 1973, utilizó su inmunidad diplomática de funcionario de la ONU para ayudar a varias personas a exiliarse en distintas embajadas en Santiago, convirtiéndose en una amenaza para el régimen de Pinochet”.

René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé fueron absueltos por el ministro instructor, por falta de participación en el delito de homicidio, además de Guillermo Salina Torres, al acoger la excepción de la cosa juzgada, ya que había sido juzgado previamente.

Falsificación de instrumento público

El exfiscal militar, Sergio Cea Cienfuegos, fue condenado a 600 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, por el delito de falsificación de instrumento público.

El fallo señala que la tramitación de esta causa quedó a cargo de Cea por un corto periodo de tiempo, cuando se desempeñaba en la Segunda Fiscalía Militar de Santiago.

Según las investigaciones, las nuevas declaraciones que realizó el exfuncionario del Ejército, José Remigio Ríos, el 25 de noviembre de 1993 fueron presentadas mediante dádivas, y que el testimonio del suboficial Jorge Vial Collao es falso, ya que la firma que aparece en el documento no corresponde, ni tampoco el contenido de la declaración se ajustaría a la verdad.

El general en retiro, Eugenio Covarrubias, fue condenado a cuatro años de presidio, por presentación de declaraciones falsas.