Más de 180 trabajadores que se desempeñaban en el centro de distribución de Unilever en Lampa -región Metropolitana- fueron despedidos el 2 de enero.

Bajo la razón de “necesidades de la empresa”, los funcionarios fueron avisados del cese de sus labores cuando llegaron a su trabajo este miércoles. El motivo se debe a que la compañía -que trabaja con marcas como Axe, Dove, Omo, Sedal, Cif, Pepsodent, entre otros- externalizará su servicio de operación y administración.

La determinación afecta a un poco más del 10% de los 1.800 empleados directos que trabajan con la empresa. Joel Garay, director del Sindicato Número 1 de Unilever, señaló que “es muy delicada la situación en la que nos encontramos, porque existe mala fe en el accionar de la empresa”.

Desde el sindicato además explicaron que con la medida se vulnera un protocolo de acuerdo que firmaron en 2005 ante la OCDE. En él se establece que la empresa debe avisarle al sindicato -con seis meses de anticipación- cualquier cambio drástico, con el fin de minimizar los daños colaterales.

“Esta institución representativa hará todo lo que esté al alcance para revertir el impacto social que genera este tipo de decisiones arbitrarias y poco empáticas, por parte de la multinacional”, señaló el presidente del sindicato.

Empresa especializada en logística

A través de un comunicado de prensa, desde Unilever señalaron que se le encargará a una empresa especializada en logística la operación de su centro de distribución. El objetivo de esto, según explicaron, es “mantener los estándares de competitividad, mejorar la productividad y asegurar la sostenibilidad del negocio en Chile”.

“La redefinición estratégica de la operación logística es una medida necesaria para lograr niveles de competitividad y eficiencia, que le permitan a Unilever adaptarse a los cambios y desafíos del mercado actual y futuros”, añadieron.

Sobre el protocolo de acuerdo explicaron que a las personas afectadas se les ofreció mantenerse relacionadas con la compañía a través de un programa de capacitación desarrollado por Inacap que durará seis meses. Sin embargo, a quienes opten por no acogerse a esta opción, se les pagarán los seis meses de preaviso comprometidos al momento de su salida.