El Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley para ampliar las facultades de los directores de colegios y liceos y que puedan tomar medidas contra los estudiantes envueltos en hechos de violencia.

Esto se da luego de dos hechos ocurridos en los últimos días y que ha traído de vuelta la preocupación por la situación de dos establecimientos emblemáticos de la capital.

El sábado, un grupo de encapuchados roció combustible a un grupo de docentes y al rector del Instituto Nacional; mientras que el martes dos estudiantes del Liceo de Aplicación fueron detenidos por porte de elementos incendiarios tras desórdenes ocurridos en el exterior del recinto.

La ministra Marcela Cubillos declaró que el proyecto será presentado la próxima semana en el Congreso y buscará que los directores, ante hechos graves como porte de armas, bombas molotov y agresión a profesores, puedan decretar medidas inmediatas de expulsión o cancelación de matrícula.

Además, indicó que mientras dure la revisión de esas medidas, ya que los estudiantes tendrán derecho a “un juicio justo”, no se suspenderá la decisión.

“Apenas asumí el Ministerio de Educación, me vino a ver el alcalde Felipe Alessandri para decirme cómo los manuales de convivencia al interior de los colegios están quedando superados ante hechos graves que se están constatando cada vez con mayor frecuencia”, agregó la secretaria de Estado.

Sebastián Izquierdo, superintendente de Educación, declaró que la iniciativa es un aporte más a la ley de inclusión.

El proyecto fue celebrado por la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, quien agregó que siguen trabajando coordinados con Carabineros para identificar a quienes realizan estos actos.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, señaló que “este proyecto es una herramienta eficaz que cuenta con el respaldo de los profesores y equipos directivos de cada establecimiento. Queremos que en Santiago se venga a estudiar porque finalmente son los actos de violencia los que terminan generando el retiro de los alumnos”.

En tanto, el rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, indicó que los docentes del establecimiento hacen sus mejores esfuerzos, pero que les es imposible resolver todos los problemas de la sociedad.

Esta iniciativa se suma a la anunciada ayer por el diputado demócrata cristiano Mario Venegas, quien buscará sancionar con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes causen secuelas físicas a los profesionales de la educación y la salud.