El Gobierno, en conjunto a la Prefectura Policial del Aeropuerto, realizó un operativo de expulsión de ciudadanos colombianos durante la mañana de este jueves en la región Metropolitana.

En la instancia, se dio a conocer la deportación de 51 colombianos por órdenes de expulsión judiciales y administrativas, 32 de los cuales estaban cumpliendo condena en Chile.

En dicho caso, la expulsión tiene que ver con la sustitución de la pena de presidio por los delitos cometidos y sancionados en Chile con una prohibición de ingreso al país por un periodo de diez años.

En tanto, los 19 restantes fueron expulsados por estar en situación irregular o por tener una orden administrativa por antecedentes penales en Chile y/o Colombia. Cinco de ellos mantenían prontuario penal en su país y los otros 14 habían cometido delitos en Chile.

Las personas fueron trasladadas hasta Bogotá en un Boeing 767 de la Fuerza Aérea de Chile, uno de los aviones presidenciales del país ya que es utilizado por los mandatarios para vuelos transatlánticos que tengan una duración de más de seis horas. Dicha aeronave fue utilizada en este caso para evitar un gasto fiscal alto, debido a que por norma sólo se pueden trasladar hasta dos expulsados en un vuelo comercial.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, indicó que “como nos obliga la ley, están siendo llevados a su país de origen, en este caso Colombia” y además explicó los motivos de expulsión.

“Por primera vez y para efectos de poder hacer una expulsión que sea ordenada y que nos genere el menor gasto fiscal, es que se ha hecho a través de un grupo y en un avión de la Fuerza Aérea de Chile que va directamente a Colombia y regresa mañana”, agregó.

El prefecto Bernardino Cárdenas, jefe de la Prefectura de la Policía Internacional del Aeropuerto indicó que continuamente se realizan expulsiones vía aérea.

En el grupo de expulsados por órdenes judiciales hubo expulsados que tenían condenas por tráfico de drogas, cinco por robos con violencia, seis por robo con intimidación, dos por fraudulento uso de tarjetas bancarias y uno por robo en lugar no habitado.

En cambio en el grupo de órdenes administrativas había personas con antecedentes en Colombia por delitos de violación de menores, tráfico ilícito de drogas, hurto agravado, extorsión, homicidio y robo con violencia.