Fue el pasado 28 de diciembre, durante el día de los inocentes, que un grupo de 23 estudiantes de postgrado de la Escuela de Gestión Europea (EGEU) se enteraron por un docente de la Universidad de Sevilla, que estarían siendo estafados por el director general del plantel, Eduardo Bertoló Moyano. Este capitán en retiro del Ejército de 44 años, había dejado de pagar el importe de las matrículas, por lo que no podrían “recibir ningún título o certificado proveniente de la universidad”.

La respuesta, vía correo electrónico, provino de Antonio Leal Millán, encargado del programa de MBA y director del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Sevilla.

En el mismo correo, el académico español sentenció que al no haberse “pagado el dinero de la matrícula del máster, dicha matrícula nunca tuvo lugar”, agregando que lo sentía, pero que le “daba la impresión que los habían estafado desde EGEU”.

Si bien en un principio eran sólo 13 los afectados, con el correr de los días este mismo académico les informó que la cifra se había elevado a 43 estudiantes, apareciendo generaciones anteriores.

En paralelo a las conversaciones con España, también se reunieron con Eduardo Bertoló a inicios de año, ocasión en la que se comprometió pagar lo adeudado el 23 de enero pasado. Sin embargo, la transferencia que supuestamente se gestó en un banco en Estados Unidos, “salió rechazada por motivos que desconoce”, por lo que solicitó una prórroga a la Universidad de Sevilla, hasta el 5 de febrero, como relató uno de los afectados, quien pidió mantener en reserva su identidad.

Según los denunciantes, la estafa serían cercana a los $350 millones, asegurando que cerca del 70% de los afectados ya habría pagado en promedio, $6,5 millones. En tanto, las últimas promociones, que tenían el pago documentado con cheques, dieron orden de no pago a los documentos.

El director general de EGEU, Eduardo Bertoló, descartó todas las acusaciones y dejó entrever que la demora en el pago a la Universidad de Sevilla, se debió al retraso de los alumnos para cancelar las cuotas, afirmando que todo se regularizará.

Cansados de las explicaciones, los estudiantes indicaron que presentarán una querella por estafa en contra de los dueños de EGEU, algo que también replicarían desde la Universidad de Sevilla, ya que Bertoló sigue promocionando el convenio, pese a que el plantel le habría puesto término al acuerdo, según los denunciantes.

Esta información fue corroborada por el Antonio Leal, el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Sevilla, por medio de otro correo electrónico, fechado el 24 de enero pasado, donde señaló que no se ha hecho el depósito del dinero y que “le da la impresión que no va a pagar y está distrayendo la atención”.

El dueño de EGEU, negó estas afirmaciones y aseguró que el convenio sigue en pie.

EGEU es una institución privada que “opera programas académicos y entrega servicios de educación y capacitación”, según Bertoló. No está reconocida por el Ministerio de Educación (Mineduc) y sólo puede emitir diplomas, razón por la cual realiza convenios con instituciones extranjeras que son las que finalmente entregan el título de los postgrados.

Pero hace poco, EGEU estuvo haciendo noticia por otro hecho, ya que en medio de la investigación del Mineduc, que terminó con la solicitud de cierre de la Universidad Iberoamericana; esta institución se mostró dispuesta a invertir en el plantel, luego que, supuestamente, gestionaran un préstamo de 15 millones de dólares (más de $9 mil millones), con un fondo de inversión europeo, algo que para los denunciantes no calza con la realidad.

Pese a rechazar las acusaciones, Eduardo Bertoló ha debido enfrentar una serie de demandas con bancos y entidades financieras, debido al no pago de créditos y morosidades, los cuales ha debido repactar varias veces. Incluso, en agosto de 2016, por orden del 17° Tribunal Civil de Santiago, estuvieron a punto de rematar la casa que tiene en la comuna de Peñalolén, tras dejar de pagar un crédito hipotecario solicitado el año 2008, por $74 millones.