A las 11:00 horas de este jueves el Cuarto Tribunal Oral de Santiago entregará el veredicto que definirá si son culpables o no de delitos terroristas los tres enjuiciados por los atentados explosivos ocurridos en el Metro de Santiago el 2014.
Durante nueve meses la Fiscalía Sur presentó una multiplicidad de evidencias para convencer a los sentenciadores que Juan Flores, Nataly Casanova y Enrique Guzmán Amadeo estuvieron detrás de los ataques en estación Los Dominicos, en el SubCentro del Metro Escuela Militar y dos comisarías de Carabineros.
Los hechos descritos durante el juicio oral se relaciona con la colocación terrorista de una bomba en la Primera Comisaría de Santiago y de otra en la 39º Comisaría de El Bosque.
Sin embargo las que revisten mayor gravedad, por la existencia de una treintena de víctimas, son las que explotaron en metro Los Dominicos y Subcentro de Metro Escuela Militar.
Todas de confección casera según la descripción realizada en estrado por el Ministerio Público que sustenta en la similitud de las bombas la participación de los tres imputados.
La abogada querellante en este caso, María Elena Santibáñez, quien representa a 25 víctimas que resultaron con lesiones de diversa gravedad, aseguró que existe sustento suficiente para que hoy la justicia condene a los acusados.
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Las defensas por su parte sostienen que no existe prueba de cargo suficiente para acreditar la participación como autores de los imputados. Incluso, el abogado de Flores, Juan Pablo Gómez, sostuvo que su representado sabe quiénes fueron los responsables de los delitos, pero que no los delatará.
El jurista Washington Lizana, en representación de Enrique Guzmán Amadeo, explicó que más allá de las interpretaciones que hagan los intervinientes de los atentados, se debe realizar la calificación jurídica correcta de los hechos según establece la ley, agregando que no habría terrorismo, sino que -a los más- una infracción a la Ley de Control de Armas.
Asimismo, subrayó que otros temas a considerar es la valoración de la prueba, considerando si es o no lo suficientemente sólida para acreditar participación.
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La Fiscalía considera penas de cumplimiento efectivo en contra de los enjuiciados y en el caso de Juan Flores, se estima por sobre los 42 años de cárcel.