La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, presentó en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago una querella por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y fraude al fisco.
Lo anterior se enmarca en posibles irregularidades financieras al interior de la Corporación de Desarrollo Social, bajo la gestión de Josefa Errázuriz.
Los antecedentes del caso fueron confirmados este viernes en un informe de la Contraloría General de la República, la que demostró la existencia de gastos improcedentes que no se ajustarían a las áreas de financiamiento del municipio.
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La querella fue presentada en contra del exsecretario de la corporación, Enrique Martínez, el exdirector de Educación del municipio, Mariano Rosenzvaig y el exdirector de Administración y Finanzas, Jaime Brito.
Se estima que la falta de rendición de fondos de Subvención Escolar Preferencial y el Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal superaría los $3 mil 700 millones entre 2015 y 2016. montos que no se encontraría disponibles en las cuentas corrientes.
Por su parte, Matthei calificó estos hechos como “graves” he incoherentes en las cuentas bancarias.
En enero, la Superintendencia de Educación notificó al municipio no contar con saldos acreditados de algunos programas educacionales. Dadas las sospechas, en febrero de este año, Matthei solicitó a la Contraloría General de la República una auditoria para determinar lo que sucedió con dichos fondos.
Además, se constató la existencia de gastos irregulares correspondientes a la compra de tarjetas gift cards, cajas de regalo para el personal de la entidad, fiesta corporativa anual, vestuario y juguetes.
Así lo dio a conocer el abogado de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, Eduardo Vásquez, quien aseguró que hay fondos que efectivamente no fueron justificados.
El actual director de Educación del municipio, José Palma, adelantó algunas consecuencias que estarían relacionadas a este presunto fraude.
Cabe recordar que en mayo, efectivos de la Policía de Investigaciones llegaron hasta la sede de la Corporación de Desarrollo Social para incautar documentación financiera y contable.
Asimismo, en agosto la consultora multinacional KPMG reveló en su informe un déficit total de $7 mil millones, en otros fondos públicos, motivo por el cual Matthei no descartó que se presenten más querellas en caso de que los delitos se repitan en otras arcas municipales.