Después de dos meses de haber sido retiradas, el Ministerio de Transportes finalmente reingresó a la Contraloría General de la República este martes las bases de la licitación del Transantiago; documento que fija las nuevas reglas que deberán asumir las empresas que se adjudiquen los contratos, y que operarán a partir de fines de 2018 por los siguientes diez años.

Las normas tuvieron que ser retiradas el pasado 11 de agosto, debido a algunas indicaciones de la Contraloría, que se relacionan con el financiamiento de las zonas pagas y los criterios bajo los cuales se evaluarán las ofertas presentadas por los futuros concesionarios.

Respecto a este último punto, la ministra de Transportes, Paola Tapia, sostuvo, en declaraciones a Pulso, que “nos remitimos al contenido de la Ley 18.696 que regula el transporte público y que establece la facultad al ministerio dentro de los procesos de licitación, la experiencia y los índices del cumplimiento de los operadores”.

La autoridad explicó que, junto al Ministerio de Hacienda, realizaron dos cambios en las bases de la licitación del Transantiago, que se debiesen llevar a cabo durante lo que resta de 2017.

Uno de estos cambios tiene relación con “la atribución de la autoridad respecto a la caducidad de una concesión cuando una compañía alcance las 20.000 UF en multa”. En este sentido, Tapia comentó que dicha facultad se mantiene, pero que en el documento se expuso que si una empresa llega al monto y la autoridad considera que es conveniente mantener la continuidad del servicio con ese operador, podrá hacerlo.

“Si la autoridad después de un análisis ve que es conveniente seguir con el mismo operador, nada opta a que se cursen multas por sobre las 20.000 UF. No hay límite de multas”, expuso, no sin advertir que “lo importante es que no se haga uso de esta variable, y preferir pagar multas, antes de cumplir el contrato”.

La otra modificación en las bases tiene que ver con los montos máximos que pueda ofertar una compañía que pretenda adjudicarse una operación del Transantiago. Esto, con el fin de mantener el equilibrio en el sistema. “Los montos son variables respecto de cada una de las unidades de negocio que serán dados a conocer una vez que se haga el llamado a licitación”, finalizó.