Trabajadores del Sindicato Nacional de Contratistas y Subcontratistas del Consejo Nacional de Delegados entregan petición de asilo al consulado de Bolivia para evitar hasta cinco años de cárcel por una querella interpuesta por la Intendencia Metropolitana tras descender a las vías del Metro el año pasado.

De esta manera, la repartición pública solicitó una pena de cuatro años de presidio menor en su grado mínimo para Sergio Alegría, Cristian Jaramillo, José Luis Guzmán, Rodrigo Quiroga, Jaime Godoy, Edwin Torres, Francisco Martínez, Raúl Ramos, Alex Venegas, Julio Navarro y Ernesto Navarro.

Mientras que a Jorge Riffo se le solicitó una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

La acción legal se debe porque alrededor de 18 personas el 12 de junio de 2015 descendieron a las vías del Metro en estación Los Héroes en la Línea 1.

El grupo de personas se instaló en las vías a las 6:45 horas, caminando y sentándose en éstas, siendo detenidos por Carabineros a las 7:05 horas a la altura de estación La Moneda.

Tras la acción de los trabajadores, Metro debió ejecutar su protocolo de seguridad, cerrando cuatro estaciones y afectando combinaciones en la Línea 1 en pleno horario punta, afectando a 440 mil usuarios y operando el servicio con normalidad a partir de las 9:20 horas.

En la querella, la Intendencia detalló que el daño patrimonial del Metro alcanzó aproximadamente los $104.460.224, cifra que incluye la evacuación de pasajeros, devolución de boletos por no uso de servicios, entre otros.

Por esta razón, los trabajadores pidieron asilo en el consulado boliviano para evitar una pena que alcanza hasta los cinco años.

Versión de los trabajadores

A través de una declaración pública, los trabajadores señalaron que a las 11:30 horas se acercaron al consulado del país vecino como una forma de denunciar internacionalmente la persecución política por parte del Estado chileno de la que son objeto 12 dirigentes sindicales.

“Por ello, esta denuncia internacional también se acompaña de una Petición de Asilo para los compañeros que hoy estamos siendo perseguidos por el Estado chileno”, aseveraron en el documento.

Explicaron que las penas que bordean los cinco años se fundamentan en la Ley de Seguridad Interior del Estado y “que un grupo de dirigentes sindicales tengan que acudir al gobierno de Bolivia para buscar protección nos demuestra que la criminalización de los dirigentes sindicales involucra a todo el Estado chileno, al gobierno y al Poder Judicial”, sostuvo el comunicado.

Finalmente, hicieron un llamado a solidarizar con esta denuncia, ya que no están dispuestos a seguir siendo el “hilo más delgado de este sistema económico y social corrupto e injusto”, concluyeron.