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La mañana del sábado 29 de marzo de 2014 Andrés Garrido Campos y Matías Besoaín Sepúlveda se reunieron, tal como lo habían planeado, en la intersección de las calles Capricornio con Avenida Ossa, en la comuna de La Cisterna. Garrido bajó de una camioneta Mitsubishi color rojo, modelo Katana L200, similar a las que usan en la minería, y entregó a Besoaín 20 kilos de pasta base. No recibió dinero a cambio. Pero sí 17 balazos a quemarropa.
El encuentro entre Garrido y Besoaín no fue una simple “mexicana”, como se les conoce a los robos de drogra entre traficantes. Ambos integraban la misma banda, la de los hermanos Sergio y José Peña Torres, conocida como “Los Sopas”. Y lo ocurrido esa mañana de marzo de 2014, sería la clave para desarticular una internación de drogas mucho mayor, la más grande, según el Ministerio Público, desde la implementación de la Reforma Procesal Penal (2000).
El modus operandi
Cuando los efecivos de la PDI y el fiscal jefe de la unidad de crimen organizado de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, llegaron hasta el lugar, no sólo vieron el cuerpo sin vida de Garrido. También vieron que en el interior de la camioneta Mitsubishi habían 60 kilos de marihuana y otros 15 kilos de cocaína, en sacos grabados con la leyenda: “FINO: Industria boliviana, calidad que marca la diferencia”.
En su fuga, Besoaín dejó parte de la droga en el lugar y el celular de Garrido, una pieza clave del puzzle que comenzaba a armar la PDI. En efecto, pues los efectivos policiales registraron el teléfono y dieron con la última llamada entre ambos, lo que les permitió “pinchar” el celular de Besoaín y comenzar a escuchar sus conversaciones, en lo que se denominó Operación Capricornio. Varios meses después, el 26 de junio de ese año, la intervención del aparato dio frutos y escucharon cuando Besoaín le comunicó a un sujeto no identificado que en pocos días irían al norte del país para transportar otra carga de droga.
De este modo, se inició un operativo policial que culminó el 5 de julio. Ese día, la banda de los Peña Torres se desplazaba en las cercanías de la comuna de Illapel en dirección a Santiago, tras haber recogido un cargamento de droga en Antofagasta. Su modus operandi fue bastante sofisticado y peculiar: las tres camionetas y el camión en el que se transportaban la droga simulaban ser una caravana minera. En el interior de los vehículos viajaban ocho personas, todas vestidas con indumentaria típica de ese rubro. Ninguno llevaba celular, pero sí teléfonos satelitales cuyo valor superaba los $ 1,8 millones.
El plan, según pensaban los hermanos Peña Torres, marchaba a la perfección. No sabían que la PDI vigilaba a Besoaín ni que, en ese momento, los efectivos policiales les pisaban los talones. La PDI, en tanto, no sospechaba sobre la magnitud del negocio de “Los Sopas”. Por eso, cuando los policías decidieron interceptar la supuesta caravana minera, se sorprendieron al encontrar un cargamento de droga que superaba las 3 toneladas: 1.842 kilos de pasta base, 1.214 kilos de marihuana prensada, y 3 kilos de cocaína. La incautación fue avaluada, en ese entonces, en $ 33 mil millones.
Los hermanos Peña Torres se enteraron que Besoaín había asesinado a Garrido, un hombre de confianza de los líderes del grupo, cuando fueron formalizados. Ambos hermanos tenían antecedentes, pues en marzo de 2004 habían sido arrestados producto de otra incautación, aunque de menor cantidad (102 kilos de pasta base), que terminó en 10 años de cárcel para Sergio y 8 para José.
Ahora, arriesgan otros 15 años en la cárcel y a poco más de 2 años que fuera incautada su falsa caravana minera, el fiscal Héctor Barros, el mismo que inició la investigación, cuenta detalles de la acusación que hará hoy en contra de los integrantes de la banda, quienes se mantienen en prisión preventiva desde 2014.
¿Cómo interpreta la gran cantidad de droga que incautaron?
En años previos a los sucesos de julio de 2014, habíamos tenido incautaciones que bordeaban los 2.000 kilos y la pregunta que nos hacíamos siempre era por qué tanta droga, dónde la iban a distribuir, entre otras cosas. Entonces, cuando incautamos los 3.000 kilos nos dimos cuenta, en definitiva, que en Chile hay un gran mercado de la droga, donde esta alta oferta responde a una demanda que busca consumirla. Esta droga estaba destinada para el mercado nacional, no para trasladarla a otro país.
¿Qué novedades hay tras la incautación y formalización de los imputados?
En las últimas semanas finalizamos nuestra investigación y hoy presentaremos la acusación ante el Tribunal contra Matías Besoaín Sepúlveda, Carlos Andrés Mondaca Sanz, Jordan Augusto Challapa Castro, José Luis Peña Torres, Mauricio Alejandro Ponce Sepúlveda, Sergio Antonio Peña Torres, Carlos Alexis Tapia Reyes, y Marcelo Alberto Fuente-Alba Barrera.
En la investigación descubrimos que no era la primera vez que esta estructura realizaba actividades de tráfico, ya tenían hechos previos, con estas mismas características y cantidad de droga. Nosotros tenemos conocimiento de otros 3 traslados, por un tonelaje similar, que realizaron en los meses anteriores a la incautación.
¿Tenían un modus operandi similar al de otras bandas?
Las características que tenían para operar eran bastante diferentes a las del resto de los traficantes chilenos, ya que andaban con teléfonos satelitales que en ese tiempo superaban los $ 1,8 millones cada uno. También habían gastado una suma considerable en el camión tolva, que le permitía llevar cierta cantidad de tonelaje y además pasaba inadvertido por el sector en el cual circulaba.
¿De dónde obtenían financiamiento los Peña Torres?
Es parte de la investigación, pero lo concreto es que ellos eran los líderes y quienes compraban los vehículos. Sin embargo, los ponían a nombres de personas en situación de calle para ocultar que ellos eran los propietarios. También llamaba la atención que tenían muy poca comunicación durante los traslados de la droga. Además, tenían una serie de códigos que utilizaban y que fueron incautados en uno de los vehículos para efectos de las comunicaciones, donde la comunicación era cifrada o codificada en el sentido de que ellos no se decían ‘hay carabineros controlando’, sino que decían ‘hay problemas en la ruta’. Si había gente de la PDI usaban otro código y si había problemas en el camino se enviaban otra información codificada. Por todo ello, era muy difícil saber lo que hablaban.
Además, todo lo pagaban al contado, no recurrían al crédito. Las camionetas incluso fueron adecuadas para la minería, ya que los traslados se realizaban por caminos mineros. Lo otro, es que nos llevó a descubrir algunas rutas que usan los narcotraficantes, porque están abandonadas ya que no están pavimentadas y se encuentran hacia el interior de la cordillera.
¿Constituyeron alguna sociedad minera de forma fraudulenta?
No, ellos lo que hacían era aparentar ser trabajadores de la minería, por lo que usaban trajes típicos de ese rubro, las camionetas también estaban adecuadas. Es decir, era imposible saber que no eran gente de la minería, es más, llevaban también en los vehículos radios que utilizaban para comunicarse entre ellos.
¿Dónde se iba a distribuir esa droga?
La droga provenía de Bolivia. Pero esta organización criminal opera tradicionalmente en el sector sur de Santiago.
¿Qué acusaciones va a realizar?
Nosotros estamos acusando en este caso por tráfico de drogas con agrupación de delincuentes, lo que nos permite aumentar la pena.
Dado que sólo tuvimos tres meses para realizar la investigación previa a la incautación, no alcanzamos a reunir los antecedentes y los medios de pruebas necesarios como para haberlos formalizado por la asociación ilícita para el narcotráfico. Sin embargo, por la vía de la agravante que nos establece la Ley de Drogas, en este caso por los niveles de organización, la cantidad de partícipes, etcétera, podemos llegar a la misma pena por la vía de la agrupación de delincuentes.
¿De cuántos años de prisión estamos hablando?
Estamos hablando de 15 años de cárcel en algunos casos, pues hay algunos imputados que incluso tienen antecedentes penales anteriores. Vamos a tener que conjugar lo que dice relación con las circunstancias atenuantes y agravantes que están en juego en este caso.
En concreto, para los Peña Torres la penalidad va entre los 10 y 15 años. Para el resto vamos a pedir una pena que está en el rango de 5 a 10 años.
¿Además de los ocho que cayeron en la incautación no han encontrado a más involucrados?
No. Los que podrían haber estado con algún grado de participación en estos hechos son las personas que fueron utilizadas para blanquear los bienes, que tiene que ver con los vehículos. En ese sentido, eran personas que estaban en situación de calle, que no tenían idea en qué los habían metido y además los hicieron firmaron documentos sobre los cuales no entendían su contenido e implicancias. Entonces, no podemos establecer que esas personas hayan tenido algún tipo de dolo sobre esos hechos. Son personas a las que les dieron un poco de droga o algo de dinero para que consumieran alcohol y eso es todo. No tienen idea de dónde están metidos.
¿La figura de lavado de activos no corresponde en este caso?
Lo que pasa es que podría darse la figura de lavado de activos también, pero es un tema que estamos revisando y estamos viendo si nos iremos por ese lado. Pero la forma que ellos tenían para operar estaba muy bien elaborada para no dejar rastros o huellas.
¿Se están coordinando con la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
Siempre se consulta en estos casos a la Unidad de Análisis Financiero, pero también se trabaja con la Fiscalía Nacional en lo que dice relación con la Unidad de Lavado de Activos.
¿Pudieron encontrar bienes que ellos hayan adquirido, además de los vehículos incautados?
La investigación duró bastante pocos meses y hubo que realizar el procedimiento en julio, principalmente, por la cantidad de droga que traían en ese momento y porque ya pudimos establecer la forma en la cual operaban. Por lo tanto, las investigaciones patrimoniales que realizamos nos llevan a determinar también la existencia de bienes. ¿Cuál es el problema? Generalmente, este ocultamiento de bienes lo vas determinando en la investigación a través de varias técnicas, pero en este caso no las pudimos utilizar con mayor profundidad por la forma bien elaborada que tenían ellos para actuar, sumado a que tuvimos bastante poco tiempo de investigación en la parte previa a sus detenciones.
Entonces, generalmente uno va estableciendo en esa instancia la vinculación que hay con bienes, porque fuimos al Conservador de Bienes Raíces y no encontramos bienes a sus nombres, ni tampoco en su red familiar.
¿Algunos de los imputados han prestado colaboración?
Algunos han declarado durante la investigación posterior a la incautación. Algunos han declarado y han reconocido su participación, como Besoaín.
¿Eso se considerará como una atenuante?
Depende, porque existe la posibilidad de que sea una atenuante del artículo 9, que tiene que ver con una colaboración sustancial del esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, está también la cooperación eficaz que establece la Ley 20.000 en su artículo 22.
En lo que dice relación con la colaboración sustancial, en el caso de los Peña Torres el que hayan reconocido el hecho, qué podría ser tan sustancial si ya los detuvimos con 3.000 kilos de droga. Tampoco se da la colaboración eficaz de los hermanos, ya que significaría que ellos como líderes podrían tener menos años que aquellos que se quedaron callados y que están más abajo en la estructura.
¿Hay posibilidades de juicio abreviado en este caso?
Hoy se presenta la acusación ante el Tribunal y este organismo fijará una audiencia de preparación de juicio oral que debería realizarse dentro de los 30 días siguientes. En esa audiencia se debaten todas las pruebas que ofrece la Fiscalía, las pruebas que podría ofrecer la defensa y se ve la posibilidad de un hacer un juicio abreviado, que no se vislumbra en este caso.
