La actual directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, dejó este año el Ministerio Público luego de varios años de trayectoria, que incluyó la investigación por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010 donde estuvo en tela de juicio quien la nombró en el cargo, la presidenta Michelle Bachelet.

Huerta, que hasta 2015 estuvo al mando de la Fiscalía Metropolitana Occidente, recibió varios casos de delitos sexuales contra menores. Uno de ellos ocurrió en febrero de ese año, cuando un sujeto de 38 años se acercó a una niña de 5 en un parque, se bajó los pantalones y aparentemente le realizó tocaciones impropias. Los vecinos, al percatarse, lo amarraron a un poste para luego llamar a Carabineros.

Si bien el sujeto fue formalizado y enviado a prisión preventiva, la Fiscalía comunicó la decisión de no perseverar (DNP) debido a que no lograron hallar al testigo clave y la niña en cuestión no pudo ratificar los hechos. De esta forma, se puso término administrativo a la causa y el hombre de inmediato quedó en libertad.

Según informa La Tercera en su edición impresa, la ahora ex fiscal Huerta decidió archivar o no perseverar en más de 1.000 causas de delitos sexuales contra menores sólo en 2015, último año que lideró la Fiscalía Occidente. Se trata de un 70,2% de los casos de este tipo que indagó, siete puntos más que el promedio nacional que llega al 63%.

En el desglose, la hoy directora del Sename archivó 795 causas de esta índole el año pasado, un 55,8% de todas los hechos de la misma materia que recibió, mientras que en 205 comunicó la decisión de no perseverar (14,3%). ¿Condenas? Sólo las obtuvo en 159 casos, un 11,1%.

A lo largo de los 8 años que estuvo liderando la Fiscalía Occidente, el porcentaje de casos archivados o con DNP llegan al 69,1% y con un 11,4% de sentencias. Los promedios nacionales son de 64,7% y 14%, respectivamente.

La DNP es una medida polémica, ya que le da al fiscal la posibilidad de cerrar casos antes o después de la formalización y que no puede ser controlada por los jueces, dijo el abogado especialista en casos de familia Hernán Fernández a La Tercera.

“Las víctimas y querellantes no tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones. Los fiscales regionales tienen mucho poder en esta materia pues aprueban los DNP, con lo cual las víctimas quedan más desamparadas”, indicó.

El matutino especifica que la DNP significa el cierre de un caso que ya esté judicializado y que tenga querella, siendo esta decisión inapelable por parte de las víctimas. Archivar un caso, en tanto, es una salida administrativa cuando la causa aún no es conocida por un juez.

José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza, se refirió a este tema e indicó a La Tercera que “estas situaciones sin duda pueden abrir una puerta de cuestionamiento y desconfianza. El camino para restablecer dicha confianza implica, en primer lugar, que un director o directora de un servicio tan importante como el Sename debe pasar un sistema de elección como el de Alta Dirección Pública”.

Por su parte, Laura Germain, directora de la Fundación de Prevención de Violencia Infantil, señaló al medio impreso que “las cifras son preocupantes y creo que un abogado no debería estar a cargo del Sename, por la falta de visión que tienen con casos de menores. Aquí deben intervenir profesionales de más áreas, como de salud mental, terapeutas, etc.”