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La Contraloría Regional del Maule emitió un informe final contundente sobre las adquisiciones de bienes y servicios del Municipio de Constitución, auditadas entre enero de 2022 y junio de 2023, revelando que más de $630 millones fueron adjudicados mediante tratos directos sin justificación, junto a otras anomalías.

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La Contraloría Regional del Maule emitió un contundente informe final sobre las adquisiciones de bienes y servicios del Municipio de Constitución, auditadas entre enero de 2022 y junio de 2023.

Más de $630 millones fueron adjudicados mediante tratos directos sin causa justificada, entre otras reiteradas anomalías.

El análisis surgió tras la presentación realizada en 2023 por el diputado Jorge Guzmán y el concejal Michael García, quienes denunciaron sobreprecios, millonarios pagos fuera de contrato y procedimientos sin transparencia.

Estos hechos, a juicio de los denunciantes, podrían constituir delitos penales.

Detectan irregularidades en el municipio de Constitución

Entre las irregularidades destacadas en el informe, se evidencia que la empresa Cuculí Grup SpA cotizó y se adjudicó contratos incluso antes de haber iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Esta situación, considerada grave por la Contraloría, llevó a que los antecedentes fueran remitidos a la Fiscalía local de Constitución, dado que podrían constituir delitos.

El diputado Guzmán valoró la ratificación de las denuncias por parte de la Contraloría y aseguró que junto a su equipo y el concejal García, no descartan interponer una querella contra quienes resulten responsables por el uso indebido de recursos públicos.

Cabe mencionar que el órgano contralor inició sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios.

Tratos directos

Durante la auditoría a la Municipalidad de Constitución, la Contraloría Regional del Maule determinó que esa casa edilicia contrató a través de la modalidad de trato directo una serie de servicios.

Entre ellos, la difusión y publicidad de una “Radiodifusora”, para dar a conocer actividades municipales en 2022 y 2023, a pesar de que uno de los socios de la radioemisora es director de Administración y Finanzas del municipio, y sin que se encontrasen debidamente respaldados dichos pagos.

La misma situación ocurrió con los pagos a un proveedor en 2022 y 2023, por la adquisición de contrato de suministro para el servicio de difusión, a través de “Radio Constitución 90.7 FM”, por $2.677.500.

Asimismo, en enero de 2013, utilizó el mismo sistema para suscribir un convenio con una empresa para el abastecimiento de combustible de vehículos, maquinarias y equipos municipales y de servicios traspasados. Luego, en 2014, autorizó la modificación de la razón social del nuevo concesionario del servicio, contrato que se ha mantenido vigente a la fecha, sin que -durante los últimos 10 años- se haya efectuado una nueva licitación.

Lo mismo ocurrió al contratar los servicios de guardia con una empresa de seguridad, por $888.930 para actividades de verano, entre ellas un festival musical efectuado en enero de 2022. Esto, sin que se evidencie en el decreto que aprueba la contratación ni en la cotización inicial, el pago ni el cálculo de las horas extras en caso de extensión de la programación del festival.

La municipalidad también efectuó contrataciones directas por $636.428.646, sin que en los decretos alcaldicios se hayan entregado los fundamentos necesarios y criterios para proceder a ese tipo excepcional de contratación, vulnerando la legislación.

Además, el municipio no requirió el acuerdo del concejo municipal para las contrataciones directas del servicio de reparación de semáforo con un proveedor, por $40.595.085; arriendo de camión limpia fosas, por un $32.844.000; y representación de los artistas “Fulanito” y “Sonora Malecón” en el Festival de la Voz de Constitución, por un total de $34.867.000.