La Gobernación de la región del Maule pidió a la Fundación Urbanismo Social contratar al concejal de Curicó, Javier Ahumada, para un millonario proyecto, sin embargo, la corporación envió una carta a la gobernadora Cristina Bravo Castro (DC), donde rechazaban la designación del edil.
En concreto, hubo un convenio de transferencia directo, al igual que con Democracia Viva, donde el GORE del Maule le entregó a Urbanismo Social 264 millones 950 mil pesos, para el programa “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros”.
Hasta ahí todo bien, no obstante, según una carta a la que tuvo acceso La Radio, la cual fue enviada por Pilar Goycoolea, fundadora y presidenta del directorio de la Fundación Urbanismo Social a la gobernadora Bravo, se señala que de los nombres que le recomendó para que la fundación contrate, de los tres, hay uno que no pasó cierto perfil dentro de la corporación. Se trata del concejal por Curicó, Javier Ahumada, quien también milita en la Democracia Cristiana.
Urbanismo Social
“Valoramos la voluntad de ambas partes de resolver este aspecto de manera conjunta y colaborativa. Por eso es que respecto de las candidaturas presentadas para cargos debemos plantear nuestra imposibilidad de contratar a Javier Ahumada, actual concejal de la comuna de Curicó”, se lee en la carta enviada el 30 de mayo pasado.
A esto añade que “como directorio vemos incompatible la posibilidad de ser parte del proyecto cuando se está asumiendo una función pública de representación popular, dada la naturaleza del programa que implica gestionar procesos de participación ciudadana e involucramiento con las comunidades”.
En tanto, la fundación sí aceptó las otras dos propuestas de la Gobernación del Maule. “En los casos de Aily Soto Salinas y Rodrigo Véliz Alvarado, creemos que cumplen con el perfil requerido para el cargo de jefa de proyecto y coordinador de proyecto respectivamente”, plantea la carta.
Cabe mencionar que esta es la primera vez que hay un documento que confirma lo que era un secreto a voces, en que aparte de toda la duda que hay con estas fundaciones, en algunos casos se pedía la contratación de personas cercanas, conocidas y militantes de partidos específicos.
Recordemos que ayer, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció que instruyó un sumario contra el seremi de la cartera en la región del Maule, Rodrigo Hernández (RD), por su vinculación con la Fundación Urbanismo Social, que recibió millonarios pagos del Ministerio.