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El Puerto Coronel amplió su querella, sumando delitos y apuntando a nuevos implicados como un dirigente sindical y una exconcejala. Defensas cuestionan la estrategia de la empresa, señalando problemas internos. Se involucra a ex ejecutivos por delitos como administración desleal y apropiación indebida. La Fiscalía evalúa formalizaciones contra el dirigente Guillermo Jaque y la exconcejala Paola Bustos. Abogados defensores acusaron a la empresa de desviar la atención y utilizar al Ministerio Público.
El Puerto Coronel amplió la querella inicial, sumando delitos a los ya denunciados y pidiendo investigar a nuevas personas, entre ellas un dirigente sindical y una exconcejala.
Las defensas de los ya imputados cuestionaron en duros términos a la portuaria, deslizando que la empresa está usando a la Fiscalía para disfrazar problemas internos.
Se trata de un escrito de 45 páginas en los que Puerto Coronel sumó nuevos antecedentes contra los ex ejecutivos de la compañía, Javier Anwandter, Eduardo Hartwig y Daniel Chamorro, buscando sustentar algunos de los delitos por los que ya están formalizados, como el de administración desleal.
Caso Puerto Coronel
Sin embargo, la ampliación de querella busca también que la Fiscalía investigue nuevos ilícitos, como la apropiación indebida. Y ahí se denuncia a Chamorro, quien según el gerente Patricio Román, no sólo era el intermediario para el pago de coimas, ya que entrega antecedentes sobre el desvío de varios millones de pesos a sus cuentas corrientes.
Esa acusación fue desestimada por el abogado defensor del ex gerente de Finanzas, Gastón Barril, asegurando haber entregado al Ministerio Público las pruebas en ese sentido.
En la última audiencia de ampliación del plazo de investigación, la fiscal Glenda Lagos dio indicios de posibles nuevas formalizaciones contra el dirigente Guillermo Jaque y quien fuera concejala, Paola Bustos. En la ampliación de querella, Puerto Coronel los acusa de haber recibido sobornos a través de la falsificación y uso malicioso de instrumento privado falso.
Para el abogado Andrés Durán, quien representa al dirigente sindical, la ampliación de querella es un intento de la portuaria de desviar la atención, pidiendo a la Fiscalía investigar internamente a la empresa.
Pero además, Durán acusó que el Ministerio Público está siendo utilizado por el puerto.
La ampliación de querella ya fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Coronel. Consultado el gerente Patricio Román sobre estos nuevos antecedentes, prefirió no hacer declaraciones.