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El Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) deberán pagar un total de 28 millones de pesos al infante de marina absuelto en el caso de la muerte del comunero Yordan Llempi, luego de que el Tribunal Oral de Cañete determinara que la investigación de la Fiscalía fue sesgada y el trabajo del INDH como querellante fue temerario al no presentar pruebas. La justicia concluyó que el uso del fusil por parte del cabo de la Armada fue para repeler un ataque armado, desestimando los cargos de homicidio y apremios ilegítimos. El monto incluye los gastos en defensa y efectos causados por la investigación en el cabo Seguel, quien se manifestó conforme con la resolución. Tanto la Fiscalía como el INDH evalúan apelar el pago.
El Ministerio Público y el Instituto de Derechos Humanos (INDH) deberá pagar 28 millones de pesos al al infante de marina, que fue llevado a juicio por la muerte del comunero Yordan Llempi.
Así lo determinó el Tribunal Oral de Cañete, al fijar el monto de lo que costó al uniformado defenderse de los cargos por homicidio y apremios ilegítimos, que finalmente fueron desestimados por los jueces.
En este caso, la justicia concluyó en la sentencia que absolvió al cabo de la Armada, Ricardo Seguel, que la investigación realizada por la Fiscalía fue sesgada, y que el trabajo del INDH como querellante fue temerario, al no aportar pruebas que sustentaran su acusación.
De allí la condena en costas y que fueron determinadas en una audiencia en el Tribunal Oral de Cañete, acogiendo la propuesta del abogado del uniformado absuelto, Sergio Contreras, quien se manifestó conforme con la resolución que obliga al Ministerio Público a cancelar 14 millones de pesos y una cifra similar al Instituto de Derechos Humanos.
Monto por gastos en defensa y efectos de la investigación
El monto incluye los gastos en que incurrió el cabo Seguel por concepto de honorarios a quienes lo defendieron, peritajes balísticos y topográficos presentados en el juicio, pero también, subrayó el abogado Contreras, debido a los efectos que la investigación ocasionó en su cliente.
El fiscal Nelson Vigueras acusó al uniformado por el homicidio del comunero Yordan Llempi, y el organismo querellante imputó el delito de apremios ilegítimos, cargos desestimados al concluir los jueces que el uso del fusil por parte del miembro de la Armada fue para repeler un ataque armado. Tanto la Fiscalía como el INDH evalúan apelar el pago de los 28 millones de pesos.