El particular que asegura haber comprado legalmente parte de una plaza pública en Chiguayante judicializó el caso, esto debido a que la municipalidad le está impidiendo tomar posesión del paño. Con su abogado, Andrés Salas, presentó dos acciones legales: una demanda para que un tribunal certifique que es el propietario y una querella por los daños contra funcionarios municipales.
Fue el mes pasado cuando se conoció este caso, la adquisición que un vecino de Chiguayante hizo de parte del terreno que por años ha conformado la plaza José Palma Barrera.
El municipio está denunciando como ilegal la compra a través de un recurso de protección que en primera instancia fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción, estando pendiente el pronunciamiento de la Corte Suprema.
Ahora el contraataque vino del comprador, Andrés Salas, quien presentó una demanda de precario y una querella por los daños causados al cerco instalado alrededor del paño tras las adquisición el año pasado.
El abogado Franklin Bustos explicó que las acciones legales buscan por un lado que se sancione a los funcionarios municipales responsables del retiro del cero, y con la demanda de precario que un juez confirme la propiedad a su cliente.
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Desde la Municipalidad de Chiguayante señalaron que no tenían conocimiento de la demanda o la querella y que por eso no podían emitir declaraciones, según dijo el director jurídico Pablo Aros.
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Los querellados empleados municipales son Daniel Carrillo, Gonzalo Díaz y Andrés Parra. Este último expresó su sorpresa por la acción legal, subrayando que el retiro del cerco se hizo por orden de los tribunales.
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El conflicto podría ser zanjado si la Corte Suprema acoge el recurso de protección. En primera instancia el tribunal de alzada lo rechazó, señalando que el litigio debe discutirse en un juicio civil.