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Un procedimiento por Ley Karin y un sumario administrativo fueron iniciados por el Instituto de Previsión Social (IPS) tras la denuncia por acoso y abuso sexual realizada por una trabajadora del aseo de ChileAtiende. La víctima y dos testigos fueron informados de que no renovarían sus contratos, mientras se investiga a un dirigente gremial del IPS por los hechos ocurridos el 11 de diciembre, cuando supuestamente habría acosado verbalmente y tocado de forma inapropiada a la mujer en los baños del edificio compartido por ambas entidades. La seremi del Trabajo, Sandra Quintana, confirmó las investigaciones en curso y la atención psicológica brindada a la afectada, respaldada por su supervisora como testigo. A pesar de los posibles delitos, no se ha presentado una denuncia formal en la Fiscalía hasta el momento.
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Un procedimiento por Ley Karin y un sumario administrativo a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) fueron abiertos tras la denuncia por acoso y abuso sexual que hizo una funcionaria del aseo de ChileAtiende.
En paralelo al inicio de las investigaciones, que apuntan a un dirigente gremial del IPS, la víctima y dos testigos fueron notificadas que sus contratos no serían renovados.
Los hechos habrían ocurrido el 11 de diciembre pasado, cuando la víctima trabajaba en los baños de hombre del Instituto de Previsión Social, que se ubica en el mismo edificio de ChileAtiende en Concepción.
En ese lugar, el funcionario denunciado, un conocido dirigente gremial de la repartición, habría comenzado a acosar verbalmente a la mujer y terminando con su mano en las partes privadas de la trabajadora.
La afectada relató a Radio Bío Bío lo ocurrido, algo que le hizo recordar un episodio similar vivido cuando joven. Al día siguiente de lo que calificó como un acoso y un abuso sexual, presentó la denuncia al IPS y su empresa, activándose -dijo- la atención psicológica a través de la mutual de seguridad.
Fue la seremi del Trabajo, Sandra Quintana, quien se refirió al caso, confirmando el procedimiento por Ley Karin y la investigación administrativa contra el denunciado.
La denuncia de la víctima fue respaldada por su entonces supervisora, Ángela Quiroz, quien será testigo en las investigaciones. Sin embargo, en lo que atribuye a una posible represalia por una demanda laboral presentada a mediados de año y ahora la denuncia por Ley Karin, informó que ella, la víctima y una tercera testigo están desempleadas.
Al respecto, la seremi del Trabajo pidió no mezclar la denuncia y la situación laboral, explicando que en medio de este caso se re-licitó el servicio de aseo y guardia, y que la nueva empresa habría decidido llegar con nuevos trabajadores.
A pesar de los ribetes de delitos que tiene el caso, hasta ahora no habría una denuncia en la Fiscalía, señalando la seremi Sandra Quintana, que ignoraba si se había hecho o no una presentación al Ministerio Público.
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