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Este viernes se conocerá la medida cautelar que afectará al alcalde de Coronel y otros siete imputados en el caso Puerto Coronel, luego de una extensa audiencia donde se discutió la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público. El alcalde Boris Chamorro, acusado de cohecho por supuestamente recibir coimas de la empresa, enfrenta una posible condena de diez años de cárcel, siendo señalado como un peligro para la seguridad pública. Otros implicados, como exconcejales, ejecutivos y contratistas, recibieron medidas menos severas como arresto domiciliario, salvo uno que quedó sin medida. La defensa argumentó la inocencia de los acusados, mientras que algunos apelaron a la colaboración con la investigación como justificación para esperar el juicio en libertad. En tanto, la Corte de Apelaciones de Concepción postergó su decisión hasta concluir la segunda audiencia.

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Luego que el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado apelaran a la primera resolución judicial, este viernes se conocerá la medida cautelar con la que quedarán el alcalde de Coronel y otros siete imputados por el caso Puerto Coronel.

Lo anterior, debido a que por ocho horas se extendió la primera audiencia de las dos que tomará el tribunal de alzada para decidir si acoge o no los recursos contra la resolución del Juzgado de Garantía de Coronel, que desestimó las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público para los formalizados por delitos de corrupción en el caso Puerto Coronel.

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En el caso del alcalde Boris Chamorro, imputado por cohecho tras recibir -supuestamente- el pago de coimas por parte de la empresa, la fiscal Glenda Lagos insistió en la gravedad del delito.

De hecho, el jefe comunal arriesga la pena de diez años de cárcel, lo que lo transforma, según dijo la persecutora, en un peligro para la seguridad de la sociedad.

Revisión de cautelares

Los otros seis imputados son el exconcejal Eduardo Araya, los exejecutivos de Puerto Coronel Eduardo Hartwig, Javier Andwanter y Daniel Chamorro, además de los contratistas Víctor Olivares y Hernán Romero.

Todos, incluidos el alcalde de Coronel, recibieron cautelares menores como el arresto domiciliario y el arraigo nacional, a excepción de Romero, quien quedó sin medida alguna.

Al insistir en la prisión preventiva para el alcalde de Chamorro, el jefe del Consejo de Defensa del Estado, Giorgy Schubert, cuestionó que el juez de coronel rechazara la cautelar para un funcionario público que, imputado por corrupción, podrá administrar -dijo- el presupuesto de $50 mil millones que tiene la comuna.

Las defensas, en su mayoría, insistieron en la inocencia de sus representados, pidiendo rechazar la prisión preventiva. Mientras que Daniel Chamorro y Víctor Olivares apelaron a la colaboración con la investigación como atenuante para esperar el juicio en libertad.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Concepción dejó para este viernes la resolución respecto de los recursos presentados, una vez que concluya la segunda audiencia.