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La Fiscalía formalizó por hurto al exconcejal de Chiguayante, Luis Ríos Melillán, tras ser denunciado por robar un teléfono celular de la cartera de su pareja, alegando que lo había prestado y debía devolverlo a la corporación edilicia. Tras una discusión, Ríos Melillán acudió a la casa de su pareja para recuperar el móvil, lo que resultó en su detención por Carabineros y una noche en la comisaría. La mujer denunció el robo de un Iphone 13 valuado en más de 600 mil pesos, y el exconcejal fue formalizado por hurto simple, debiendo ahora pagar el celular deteriorado en cuotas a la Municipalidad de Chiguayante, con un plazo de investigación de tres meses decretado por el Juzgado de Garantía.

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La Fiscalía formalizó por hurto al exconcejal de Chiguayante, Luis Ríos Melillán, luego que su pareja lo denunciara por el robo de un teléfono celular desde su cartera. El también dirigente social explicó que el equipo, de propiedad municipal, lo había prestado y debía retornarlo a la corporación edilicia.

La situación ocurrió hace unos días cuando Luis Ríos Melillán, hoy microempresario con una panadería en Chiguayante, llegó a la casa de su pareja para pedir la devolución del equipo móvil.

Consultado, el exedil señaló que había prestado el celular y que a raíz de una discusión con su pareja, esta no había querido entregarlo. Ante eso, decidió acudir a la casa para recuperarlo, no de la mejor forma, admitió.

La mujer entonces hizo la denuncia por el robo de un teléfono Iphone 13, avaluado en más de 600 mil pesos, siendo el exconcejal detenido por personal de Carabineros. El también dirigente social debió pasar una noche en la comisaría de la comuna hasta su formalización por el delito de hurto simple.

La urgencia de recuperar el equipo, dijo Río Melillán, se debía a su calidad de propiedad municipal, pero ante el deterioro del celular ahora tendrá que pagarlo a la Municipalidad de Chiguayante, que le otorgó la posibilidad de hacerlo en cuotas.

Tras la formalización a cargo del fiscal Alejandro Ali, quien no solicitó cautelares para la exautoridad comunal, el Juzgado de Garantía decretó un plazo de investigación de tres meses.