Los abogados del Servicio de Impuestos Internos y de Puerto Coronel apelaron para insistir en la prisión preventiva contra el alcalde Boris Chamorro, y los otros seis imputados por delitos de corrupción.

Igual como la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, Impuestos Internos y la empresa portuaria piden con sus apelaciones que se revoque la resolución del Juzgado de Garantía, que decretó cautelares menores como el arresto domiciliario y el arraigo nacional, insistiendo en la gravedad de los ilícitos imputados.

Todos los querellantes insisten en el peligro para la seguridad de la sociedad, especialmente del alcalde Boris Chamorro, formalizado por el delito de cohecho en grado de reiterado, cautelar desestimada por el Juzgado de Garantía y decretando en subsidio el arresto domiciliario nocturno.

El abogado Waldo Ortega, que defiende al jefe comunal, sostuvo que el rechazo de la petición de prisión preventiva fue contundente, deslizando su confianza en que la Corte de Apelaciones mantenga lo ya determinado.

Quienes también presentaron recursos, pero para rebajar las medida cautelares impuestas, fueron los abogados defensores del expresidente del puerto, Eduardo Hartwig, y del contratista Víctor Olivares, hoy bajo arresto total y nocturno, respectivamente.

Justamente el abogado de quien prestara servicios la empresa portuaria, Jorge Montecinos, se refirió a su apelación, expresando que la colaboración de Olivares con la investigación debería traducirse en una cautelar menor al arresto, esto es la firma mensual.

Finalmente, para este jueves quedó agendada en la Corte de Apelaciones de Concepción la instancia donde se podrán exponer los alegatos, en la Sexta Sala de Tribunal de Alzada.