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Contraloría emite informe estricto sobre atrasos e incumplimientos en convenio de innovación espacial en el Biobío, tras el GORE entregar $719 millones con problemas. $237 millones rendidos rechazados y $389 millones sin ejecutar. Se ordena al GORE reclamar los $564.258 millones, mientras Fundación Leitat interpone recurso por gastos rechazados. Exconcejal Jorge Condeza revela que fundación rindió euros en cuenta extranjera. GORE interpone querella por fraude al fisco y estudia presentar demandas civiles para recuperar recursos, ante posible no prosperidad de acciones. Fundación tuvo plazo para descargos insuficientes.
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Luego del cierre anticipado del convenio denominado “Transferencia para el desarrollo e innovación espacial del Biobío”, Contraloría emitió un estricto informe que da cuenta de los atrasos en la ejecución e incumplimientos.
Fueron $719 millones entregados en un solo pago por parte del GORE, de los cuales, $237 millones rendidos fueron rechazados y $389 millones nunca fueron ejecutados.
Es por ello que Contraloría le ordenó al Gobierno Regional que reclame por los dineros, que según las cuentas del GORE son $564.258 millones, que a través de vía administrativa, está exigiendo devolución.
Además, el informe de Contraloría pide que resuelva el recurso de reposición interpuesto por la Fundación Leitat, para que se revisen los gastos rechazados.
Jorge Condeza, exconcejal que entregó los antecedentes a Contraloría, señaló que entre los dineros que acreditó la fundación, rindieron euros en una cuenta extranjera.
Desde el GORE del BíoBío señalaron que se interpuso una querella por fraude al fisco, ante el Tribunal, a fin de que el Ministerio Público investigue los hechos.
Además, en el proceso de cobro, en caso de que estas acciones no prosperen, están estudiando presentar demandas civiles para la recuperación de los recursos.
En ese proceso, la fundación tuvo un plazo para formular sus descargos. Los cuales fueron insuficientes para poder desvirtuar los hechos que fundaron la terminación anticipada de este convenio.
La Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
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