Una querella por fraude al Fisco enfrenta el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ahora en relación a millonarias deudas de la desaparecida embotelladora Llacolén, por concepto de patentes comerciales, y que la municipalidad no cobró.
Se trata de una arremetida del Consejo de Defensa del Estado en medio de la formalización del jefe comunal por el caso Puerto Coronel, donde quedo con arresto domiciliario nocturno.
Ahora le imputan a Chamorro maniobras ilegales que permitieron la empresa de Martín Scuncio no pagar a la corporación edilicia alrededor de mil millones de pesos.
La querella, ingresada al Juzgado de Garantía el domingo por la abogada Paula Villalobos, apunta también a los concejales que el 7 de julio del año 2020 aprobaron dos avenimientos propuestos por el alcalde Chamorro, y que rebajaron la deuda de la embotelladora.
La acción legal del Consejo de Defensa del Estado debe ser declarada admisible por el tribunal, antes que pueda ser remitida al Ministerio Público.
Lo anterior, pues además del caso Puerto Coronel, tiene abiertas otras dos investigaciones contra la municipalidad: una por las llamadas capacitaciones fantasmas y otra por las licencias de conducir que se vendían en la Dirección de Tránsito.