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El Tribunal Oral de Cañete emitió un veredicto absolutorio para el cabo de la Armada investigado por la muerte del comunero mapuche Yordan Llempi Machacán en noviembre de 2021, durante un enfrentamiento en la comuna. El fiscal acusaba al cabo Ricardo Seguel de ser el autor del disparo, pero en el juicio no se presentaron pruebas suficientes que lo inculparan. Tampoco se pudo determinar si la bala que causó la muerte fue disparada por el acusado, y quedaron sin investigar varias aristas del caso por parte del Ministerio Público.
El Tribunal Oral de Cañete dictó un veredicto absolutorio respecto al cabo de la Armada que era investigado por su participación en el homicidio del comunero mapuche Yordan Llempi Machacán, hecho registrado el 3 de noviembre de 2021, en dicha comuna en la región del Bío Bío.
En el veredicto se descartó una actuación dolosa del uniformado, acogiendo la tesis de la defensa en cuanto a que se trató de la respuesta a un ataque armado.
El deceso ocurrió en el marco de un enfrentamiento entre comuneros y personal de la Armada, que incluyó la interrupción de tránsito en la ruta P-72S, cuando recién comenzaba a regir el Estado de Excepción en la provincia de Arauco.
La Fiscalía acusaba al cabo segundo Ricardo Seguel de ser el autor del disparo que causó la muerte de Llempi.
El fiscal de Derechos Humanos, Nelson Vigueras, imputó en primera instancia a dos funcionarios de la Armada por este hecho, pero solo llevó a juicio a Seguel, quien arriesgaba 15 años de cárcel.
No se acreditó responsabilidad
No obstante, en el juicio no se presentaron los antecedentes ni pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado en el ilícito. En concreto, no se pudo establecer si la bala que mató a Llempi fue disparada por el cabo segundo. A ello se suman aristas de la causa que no fueron indagadas por el Ministerio Público.
El abogado Sergio Contreras, que representó al funcionario de la Armada, afirmó que la investigación fue sesgada por parte del Ministerio Público y tampoco se identificó a las personas que dispararon a los infantes de marina.
En el caso actuó como querellante el Instituto de Derechos Humanos, que pedía una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público. El abogado Contreras cuestionó la participación del organismo por no aportar ningún elemento a la causa.
Desde el INDH, su directora en el Bío Bío, Carolina Chang, descartó la acusación, señalando que se hizo lo que correspondía y que era investigar lo ocurrido.
La sentencia absolutoria será entregada el 8 de enero, tras lo cual tanto la Fiscalía como el Instituto de Derechos Humanos podrían decidir un recurso de nulidad.
