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Este lunes será crucial para el caso Puerto Coronel, ya que el juez de Garantía determinará medidas cautelares para los siete imputados, incluido el alcalde Boris Chamorro, ante el delito de cohecho. Víctor Olivares, excontratista y amigo del fundador de la portuaria, Eduardo Hartwig, colaboró sustancialmente en la investigación, proporcionando detalles sobre los pagos a Chamorro. Olivares habría realizado 21 pagos en efectivo al alcalde, sumando $82 millones, según la fiscal Glenda Lagos. La defensa de Olivares argumenta que su cliente fue clave para conectar las piezas del caso. A pesar de la negación de cohecho por parte del abogado de Chamorro, la declaración del contratista complica la situación del alcalde, quien podría enfrentar prisión preventiva.
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La jornada de este lunes será clave para el caso Puerto Coronel, ya que el juez de Garantía decretará medidas cautelares para los siete imputados en la causa, entre ellos, el alcalde Boris Chamorro, quien arriesga prisión preventiva por el delito de cohecho.
Víctor Olivares, excontratista y amigo del fundador de la portuaria, Eduardo Hartwig, prestó una “colaboración sustancial en la investigación”. A fin de aclarar la arista Chamorro y los pagos que habría recibido el jefe comunal, según su defensa.
Además de la declaración del formalizado por soborno ante el Ministerio Público y las diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, también prestó una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Caso Puerto Coronel
En esta última, el también exproveedor de Puerto Coronel y amigo de Eduardo Hartwig, fundador de la compañía, entregó antecedentes sobre el contenido de facturas y un resumen detallado de los traspasos de dinero a funcionarios públicos. En este caso, al, ahora, exconcejal Eduardo Araya y al alcalde de Coronel, Boris Chamorro.
Para el defensor, de no ser por la información declarada por su cliente en la arista alcalde Chamorro, “habría sido imposible” para la Fiscalía “unir las distintas piezas” para el esclarecimiento de los hechos.
Según el Ministerio Público, Olivares habría realizado los denominados giros de emergencia para entregar los pagos al jefe comunal coronelino y militante Socialista, en efectivo, tal como lo expuso en la formalización, la fiscal Glenda Lagos. Esto, por medio de 21 pagos que en total suman $82 millones.
Su defensa considera que la prisión preventiva no procede en el caso de su cliente, ya que a su juicio “no hay peligro de fuga”, tampoco que este se ha enriquecido, puesto que si bien existía una comisión desde la portuaria de un 5%, lo anterior era por concepto de “gastos administrativos”.
Pese a que el abogado Waldo Ortega, representante de Boris Chamorro, niega la existencia de cohecho, la declaración del contratista complica aún más a la autoridad local, teniendo en cuenta el reconocimiento del soborno en el caso de Eduardo Hartwig y la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
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