El Ministerio Público está fundamentando las prisiones preventivas solicitadas contra cuatro de los 11 imputados en la arista Bonhomía del caso Convenios, subrayando en la forma de comisión de los delitos perpetrados.

Abogados y cercanos a quienes arriesgan la gravosa cautelar calificaron como desproporcionada la petición de la Fiscalía.

En la segunda audiencia por la investigación de los 360 millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional a la Fundación Bonhomía, la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, comenzó a entregar detalles sobre las actuaciones de los imputados respecto de quienes está solicitando la prisión preventiva.

Se trata de los representantes de la fundación, Osvaldo Reinoso y Carlos Anabalón, además del empresario Benjamín Pavón, a quien se apunta por haber usado Bonhomía para postular al cuestionado convenio, y Simón Acuña, nuevamente, como exjefe de la División de Desarrollo Social del GORE Bío Bío.

Justamente el padre de este último, Germán Acuña, se refirió a la petición que por tercera vez hace el Ministerio Público para enviar a la cárcel a su hijo, subrayando en el daño que significaría la prisión preventiva.

Por los directores de la Fundación Bonhomía se refirió su abogado Gonzalo Elgueta, calificando como desproporcionada y sin fundamento la petición de prisión preventiva.

Al hablar de imputados que se mantienen trabajando en el GORE, y respecto de quienes no se solicitó la prisión preventiva, Germán Acuña se refería a Rodolfo Adriazola y José Fuentes, funcionarios de planta y contrata, respectivamente, quienes fueron formalizados y quedaron con arresto domiciliario nocturno.