La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para cinco de los ocho acusados de integrar una red de robo de madera, asociación ilícita y lavado de activos que habría facturado más de 13 mil millones de pesos en la provincia de Arauco.
Según detalló el Ministerio Público, los cabecillas habrían estado preparando su escape del país, esto luego que se detectara que al menos cuatro millones de dólares fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos.
Por segunda jornada continuó la audiencia de formalización de ocho personas, todas acusadas de integrar, en diferentes escalafones y grados, una asociación dedicada al robo de madera y comercialización ilegal en la provincia de Arauco.
Según dijo la fiscal del caso, Marcela Barahona, también hay que agregar el delito de lavado de activos y delitos tributarios.
En medio de la audiencia se entregaron antecedentes respecto a una posible fuga de los líderes de la organización, entre ellos Cristian Reyes y su hijo Diego, quienes lograron transferir cuatro millones de dólares a cuentas en Estados Unidos.
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Esta tesis de la Fiscalía se basa en las interceptaciones telefónicas que se hizo a los involucrados, así como también a algunos socios que trabajaban junto a los cabecillas del Grupo.
Así quedó registrado en una conversación entre ellos, donde se daba cuenta del futuro viaje a Miami y los capitales con que contaban en Estados Unidos los hoy imputados.
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El abogado defensor particular, Rodrigo Cabezas, cuestionó esta tesis de la Fiscalía y dijo que sus defendidos, Cristian Reyes y su hijo Diego, por quienes se está pidiendo la cautelar de prisión preventiva, no tienen antecedentes y han estado colaborando con la investigación, agregando que son personas de éxito económico.
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Según el Ministerio Público, eran dos agrupaciones las que trabajaban en conjunto para configurar el delito, primero de robo de madera y segundo comercializarla de forma ilegal con facturas falsas y además lavar el dinero obtenido de las ganancias.
La audiencia de formalización continuará este jueves en su tercera jornada, en la que se espera la intervención de las defensas y la resolución del Juzgado de Garantía de las medidas cautelares.