Pese a no contar con ningún permiso para sacar arena desde el río Bío Bío, la empresa Tridente sigue operando en Hualpén, región del Bío Bío.
Según el municipio, “nadie le pone el cascabel al gato” debido a que son varias las entidades con competencia en la materia.
Esta firma instalada hace casi dos décadas en la ribera norte del Bío Bío se ampara en la tenencia de una concesión minera para extraer y comercializar arena sin permiso ambiental, municipal ni sectorial.
Luego que Radio Bío Bío diera cuenta de esta situación hace dos meses, la empresa detuvo un tiempo su faena, pero luego volvió a ejecutar su actividad, sin que nadie pueda impedirlo.
Son varias las administraciones municipales que en Hualpén han intentado hacer cumplir la ley, con fiscalizaciones y decretos de clausura, que una y otra vez son vulnerados, y los camiones vuelven a entrar y salir cargados con destino a diferentes puntos de la zona.
La compañía Minera Tridente, cuyo representante legal es Héctor Ríos Lillo, se ubica en la avenida Costanera Lote E, parcela 6 en Hualpén, y la arena que extrae incluso ha sido comprada por un tercero que la ha depositado al interior de la empresa estatal Enap, que asegura no conocía su procedencia.
Lautaro Benítez, asesor jurídico del municipio de Hualpén, reconoce que es un problema grave y que en parte se debe que no es solo uno el organismo el encargado de fiscalizar que la arenera opere en regla.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Desde la alcaldía se ha instruido realizar las acciones participativas y administrativas que permitan modificar el Plan Regulador, en el sentido de prohibir completamente la extracción de áridos en toda la comuna.
Mientras tanto, Benítez agregó que la dispersión de responsabilidades favorece al infractor.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Hace 8 años la DGA viene ordenando a Tridente paralizar la extracción de agua y de áridos desde el río Bío Bío, y así restituir dos canales de descarga de aguas lluvias.
Por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente le ha notificado en varias ocasiones que debe hacer ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tras constatar que allí se realiza actividad extractiva sin autorización.
Y pese a que tanto la DGA como la Superintendencia de Medio Ambiente afirmaron haber presentado denuncias en su contra ante el Ministerio Público, por delitos ambientales y económicos, desde la Fiscalía se indicó que no existe ninguna investigación en curso vinculada a esta actividad.