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El juicio oral por el homicidio del Suboficial Alex Salazar, mártir de Carabineros en Concepción, región del Bío Bío, fue postergado por tercera vez y reagendado para el 4 de marzo del 2025. Jhoyner Bonilla Brito, ciudadano venezolano, es el único imputado por la muerte del cabo Salazar en un local nocturno frente a la Gobernación Regional. La suspensión se debió a una licencia médica del abogado defensor titular, siendo una causa compleja que no podía ser reemplazada. La familia del fallecido se opuso a la medida y expresó sentirse abandonada y revictimizada por el Poder Judicial y el Gobierno. Se solicita la pena máxima de cárcel para el imputado, argumentando intencionalidad de matar al funcionario policial.

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Por tercera vez se postergó el juicio oral por el homicidio del Suboficial Álex Salazar, mártir de Carabineros asesinado en medio de un procedimiento en Concepción, región del Bío Bío.

Para el 4 de marzo del 2025 quedó reagendado el inicio del juicio, por lo hechos ocurridos en medio de procedimiento a un local nocturno en calle Prat frente a la Gobernación Regional en Concepción.

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El juicio es contra Jhoyner Bonilla Brito, ciudadano venezolano imputado como único responsable de la muerte del cabo Álex Salazar.

Esta es la tercera vez que se suspende el juicio, primero en mayo, luego septiembre, y finalmente la de este lunes 11 de noviembre a las 8 de la mañana, la cual se reagendó para marzo.

El motivo fue una licencia médica del abogado defensor titular y por ser una causa compleja no podía ser reemplazado.

El abogado representante de la familia, Hans Laurie, explicó que ellos se opusieron a la suspensión y solicitaron al tribunal, comenzar el juicio el día 12 de noviembre, cuando retomara sus funciones el abogado defensor, pero el juez no acogió la solicitud.

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La hermana del uniformado, Jocelyn Salazar, señaló que como familia se sienten apenados, abandonados y revictimizados por el Poder Judicial y el Gobierno, que se ha olvidado de quienes le sirvieron hasta rendir su vida.

Contra el imputado se está pidiendo la pena máxima de cárcel, tras argumentar que diligencias probaron la intencionalidad de matar al funcionario policial.