Corte declara procedente pedir extradición de médico venezolano por falsos diagnósticos de cáncer

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró procedente pedir a Estados Unidos la detención y extradición de un médico venezolano imputado por delitos reiterados de fraude y usurpación de identidad. Ilícitos que perpetró entre marzo y septiembre de 2022 en la capital regional del Bío Bío y Coronel.

Se trata de Audie Ramón Fereira Barboza, médico que emitió informes con diagnósticos erróneos de embarazos y cáncer en el centro de salud y estética Novakimen Limitada, cuyo dueño usó documentos falsos para adjudicarse contratos para efectuar dichos exámenes.

Los ministros integrantes de la Tercera Sala del tribunal de alzada, concordaron en que se cumplen los requisitos establecidos en el tratado de extradición suscrito entre Santiago y Washington, para solicitar la entrega del médico venezolano, que actualmente se encuentra en Houston, Texas.

Según se explica en la resolución, lo anterior se debe a que “los delitos que fueron motivo de la formalización, suponen una pena eventual de presidio menor en su grado medio a máximo, esto es, quinientos cuarenta y un días a cinco años de privación de libertad; y de presidio menor en su grado mínimo, es decir, sesenta y un días a quinientos cuarenta días de privación de libertad, tratándose de delitos reiterados, por lo que, de acuerdo al artículo 351 del Código Procesal Penal, procede además el aumento de la sanción, en uno o dos grados”.

Ante eso, “se acoge la solicitud de extradición activa formulada por el Ministerio Público y, en consecuencia, se declara procedente solicitar al gobierno de los Estados Unidos la extradición del imputado Audie Ramón Fereira Barboza por la participación y responsabilidad que le corresponde como autor de los delitos reiterados de fraude, y delitos reiterados de usurpación de identidad, por los que ha sido formalizado en Chile en audiencia celebrada con fecha 17 de septiembre de 2024, ante el Juzgado de Garantía de Concepción”

La fiscal María José Aguayo detalló que otros dos imputados en esta causa están en prisión preventiva y en paralelo se están realizando las diligencias destinadas a ubicar y tomar declaración a otras pacientes que se tomaron exámenes en dicho recinto de salud. Además están las pericias técnicas de los equipos comunicacionales incautados y los ecógrafos.

Tras lo resuelto por la corte se enviará un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriorees con el objeto de que se realicen las gestiones diplomáticas que fueren necesarias para obtener la extradición del imputado.

Hechos imputados

En la audiencia desarrollada el jueves 17 de octubre en el Juzgado de Garantía de Concepción, la Fiscalía expuso que entre marzo y septiembre de 2022, Roberto Carlos Ruiz Lizama (actualmente en prisión preventiva), dueño del centro médico de salud integral y estética Novakimen Limitada postuló a 10 licitaciones de distintas instituciones vinculadas al área de salud, entre las que se encontraban el Hospital intercultural de Cañete, los municipios de Concepción, Contulmo, San Pedro de la Paz, Lota, Curanilahue, Los Álamos y Talcahuano, además de los servicios de Salud de Talcahuano y de Curanilahue.

En esas postulaciones utilizó documentos falsos, como resoluciones exentas con autorizaciones falsificadas o información de profesionales que no trabajaban para el centro, logrando así adjudicarse los contratos para realizar exámenes, consistentes en ecografías ginecológicas y mamarias.

Los exámenes estaban a cargo de Carmen Elena Martínez Flores (en prisión preventiva) o Ferreira Barbosa, ambos médicos generales que remitían los informes careciendo de las especialidades requeridas para practicar los exámenes. Para validarlos, la secretaria del centro médico incluía la firma digitalizada de cinco médicos, que nunca autorizaron estos documentos.

Esa acción puso en riesgo la salud sexual y reproductiva de aproximadamente mil mujeres, ya que en las atenciones Martínez Flores y Ferreira Barbosa emitieron informes con diagnósticos erróneos de embarazos y cáncer. Prácticas que además fueron catalogadas de violencia de género.

El actuar descrito se tradujo en la defraudación de $46.821.000, de los cuales solo se pagaron $12.116.000, antes ser detectado el delito.