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El juicio por el caso de trata de mujeres venezolanas y colombianas en Concepción, donde nueve acusados están implicados en el traslado para la prostitución, ha sufrido un retraso al renunciar un abogado privado, siendo designado el defensor penal Rodrigo Campos, quien solicitó tiempo para estudiar la carpeta investigativa. La Fiscalía no se opuso a esta petición, a diferencia del abogado defensor de los principales imputados. Ante la extensión prevista del juicio por al menos tres meses, la nueva fecha de inicio se ha fijado para el 12 de mayo de 2025, lo que conlleva que los acusados cumplan dos años en la cárcel antes del inicio del proceso. El Instituto de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante, buscando un veredicto condenatorio dada la gravedad del delito, siendo este el tercer caso en el que intervienen. Las penas solicitadas van desde 800 días hasta 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía, mientras que los querellantes piden el presidio perpetuo.

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El juicio, donde nueve personas –miembros de una célula del Tren de Aragua– están acusadas de trasladar a Chile mujeres venezolanas y colombianas, para el ejercicio de la prostitución, debía comenzar este miércoles en el Tribunal Oral de Concepción.

Sin embargo, al renunciar uno de los abogados privados, fue designado el defensor penal Rodrigo Campos, quien solicitó un plazo para estudiar la carpeta investigativa.

Ante esa petición, la Fiscalía no se opuso, a diferencia del abogado Carlos Concha, quien defiende a los dos principales imputados y supuestos cabecillas del grupo.

Sin embargo, por la agenda del tribunal, considerando que el juicio se extenderá por al menos tres meses, la nueva fecha de inicio del juicio es el 12 de mayo de 2025.

Considerando que para entonces sus clientes habrán cumplido dos años en la cárcel, el abogado Concha adelantó que en los próximos días pedirá el cambio de la medida cautelar.

En esta causa es querellante el Instituto de Derechos Humanos (INDH). Su directora nacional, Consuelo Contreras, espera un veredicto condenatorio debido a la gravedad del delito, siendo el tercer caso en el que el organismo interviene.

Las penas que arriesgan los acusados van desde los 800 días a los 25 años de cárcel, según la acusación de la Fiscalía, mientras que los querellantes -INDH y Delegación Presidencial del Bío Bío– piden el presidio perpetuo.